*Ya es tiempo de frenar la corrupción
Para construir una verdadera cultura de transparencia y rendición de cuentas, es fundamental que en todos los niveles de gobierno se implementen programas de capacitación para los servidores públicos, así como crear mecanismos eficaces para que los ciudadanos conozcan la ley y tengan una mayor participación en la exigencia de sus derechos.
Así lo afirmó el senador Alfonso Abraham Sánchez Anaya, al presentar una iniciativa que deberá dictaminar la Comisión de Gobernación el próximo periodo ordinario de sesiones.
Dijo que solicitó que el Senado de la Republica exhorte a los gobiernos estatales a comprometerse con el derecho de acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas, “a través de diseños legales que permitan órganos garantes autónomos especializados e imparciales, fortalecidos con un eficiente sistema de sanciones”.
Esta propuesta, que fue presentada el último día del periodo ordinario de sesiones de la LXI Legislatura, plantea hacer un llamado a los órganos garantes del acceso a la información de las entidades federativas, para que implementen los programas necesarios para comunicar a la población los beneficios inmediatos y a largo plazo de vigilar los actos de gobierno, así como para exigir la rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno.
Sánchez Anaya comentó que es incuestionable el valor democrático que representa el acceso a la información y la transparencia, sin embargo, “la realidad es que a pesar de una sólida reforma constitucional y un aceptable marco jurídico, tal derecho en la práctica a nivel local, sobre todo municipal, es poco conocido, con una aplicación deficiente, que por lo mismo no se ha traducido en beneficios inmediatos y oportunos para la población”.
El legislador por Tlaxcala consideró fundamental “incrementar la cultura ciudadana a través de programas efectivos” para dar a conocer la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a fin de que los ciudadanos conozcan sus derechos, vigilen el cumplimiento de la ley y exijan el rendimiento de cuentas por parte del gobierno.
Resaltó la necesidad de implantar programas a fin de lograr una sociedad que se informe, vigile, participe y exija sus derechos, “porque sólo a través de ciudadanos activos, que defiendan sus derechos será posible detener el implacable avance de la corrupción y con ello lograr un vínculo directo entre la sociedad y las instituciones que la gobiernan”.
Consideró que formar ciudadanía siempre es una tarea ardua porque es difícil convencer a un gobernado que reiteradamente ha sido engañado, maltratado e incluso estafado, que hoy la ley lo protege, que le garantiza sus derechos y que se puede inconformar y exigir.
“Sin embargo cuando en el ejercicio de ese derecho nos enfrentamos a un berenjenal de información que termina por ocultar la información, autoridades que no responden o lo hacen de forma incompleta y un órgano que no se ajusta el procedimiento, algo está mal y entonces estamos ante un derecho que necesita ser reforzado con mayor difusión, con información sencilla y oportuna, pero sobre todo con sujetos obligados dispuestos y con órganos garantes capaces”, concluyó.