La Cámara de Diputados recibió de la Procuraduría General de la República (PGR) respuesta a un punto de acuerdo, en el que indica que en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada existen siete procesados con motivo del delito de introducción ilegal de armas a territorio nacional y dos sentencias en esta materia.
El punto de acuerdo fue promovido por la diputada Guadalupe Pérez Domínguez, quien solicitó a la titular de la PGR informe sobre las estadísticas de procesados y sentenciados por el delito de introducción ilegal de armas.
La diputada mencionó que cada año se cometen miles de asesinatos con armas de alto poder que ingresan clandestinamente a territorio nacional, como consecuencia de la corrupción, la impunidad y la complicidad de muchas autoridades.
“En México, este tráfico se encuentra asociado, hoy más que nunca, a las organizaciones del crimen organizado. Se sabe que el tráfico ilegal de armas es una amenaza a la seguridad de las personas y un reto a las instituciones de orden y seguridad, sin embargo, es necesario reconocer que nuestro país vive una crisis por este contrabando y los crímenes que se cometen cada año”, subrayó.
Indicó que la industria de las armas representa para el gobierno de los Estados Unidos un negocio de más 30 mil millones de dólares al año. Actualmente existe un registro de más de 100 mil distribuidores y vendedores al menudeo, de los cuales 5 mil se ubican a lo largo de la frontera con México.
Refirió que ante las crecientes lagunas jurídicas en los controles nacionales se demuestra la necesidad de establecer reglas globales para responder a este comercio, por lo que la comunidad internacional se ha manifestado por un Tratado Multilateral efectivo sobre comercio de armas.
En el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria, la PGR detalla que diez delegaciones estatales informaron haber encontrado datos relacionados con el delito de introducción ilegal de armas, del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011.
Menciona que no se pueden proporcionar mayores datos, en virtud de que se trata de información que no es de carácter público, conforme los Códigos Federal de Procedimientos Penales, el Penal Federal, así como las leyes Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Orgánica del Congreso General.