El presidente de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados, Marcos Aguilar Vega, empuja una iniciativa de ley para proteger a los reporteros de los empresarios que no pagan salarios reales, ni mucho menos las prestaciones sociales de ley, al considerar que esto también es agresión a los periodistas.
La propuesta, aplaudida por muchos reporteros de todo el país, pretende reformar los artículos 7º y 134 constitucionales y busca impedir un mayor debilitamiento de las estructuras garantistas que debe mantener todo Estado de Derecho y responder a las necesidades surgidas por las constantes agresiones en contra de los periodistas.
El legislador federal dijo que incluso en el Pacto por México y en el Plan Nacional de Desarrollo se establece el compromiso para avanzar en estrategias que permitan frenar el fenómeno.
Recordó que se han documentado asesinatos, detenciones arbitrarias e intimidaciones a periodistas por parte de la policía y otras autoridades. Así lo denunció Amnistía Internacional, en su último informe publicado el pasado 23 de mayo.
Encima, dijo, las propias empresas periodísticas son agresoras de los comunicadores y de la libertad de expresión por motivos de orden laboral o económico y por ello advertimos que “faltan medidas legislativas que ayuden a prevenir y solucionar el problema que aqueja a los comunicadores”.
El diputado Aguilar Vega destacó que de acuerdo con el Instituto Internacional de la Prensa, México es uno de los países más peligrosos para los periodistas, entre Pakistán, Somalia, Filipinas, Honduras y Brasil.
“Es necesario poner el ejemplo contrario, mediante las modificaciones normativas para que México sea un país que no solamente reconozca el derecho humano a la libertad de expresión y de prensa, sino que también garantice plenamente su ejercicio libre y pacífico, sin el riesgo de que la integridad física, libertad, seguridad y vida de los periodistas puedan verse amenazadas”, subrayó.
En este sentido, señaló que la iniciativa que presentó ante la Comisión Permanente pretende responder a esas necesidades sociales y dijo que se busca reformar el artículo 7º constitucional para prohibir a los gobiernos o las mismas empresas de comunicación restringir, limitar o condicionar la actividad periodística por razones de intereses económicos o contractuales.
“Ninguna persona que intervenga en el proceso de comunicación o de la información podrá ser reprimida, despedida, cesada o silenciada por la libre manifestación de sus ideas o pensamientos”, sostuvo.
Agregó que es derecho de todos los mexicanos, recibir información veraz, responsable y oportuna, solo limitado por el derecho al honor, a la reputación, a la intimidad y a la presunción de inocencia.
“La libertad de expresión y la libertad de prensa, así como la difusión de las ideas, pensamiento y de las opiniones, serán garantizados por el Estado. Por lo tanto, esta actividad tendrá como único límite lo previsto en esta Constitución”, afirmó.
En cuanto al artículo 134, se plantea que el gasto en propaganda gubernamental no podrá exceder del equivalente al 1% del presupuesto total asignado para el ejercicio fiscal correspondiente a la autoridad que ordene, ejerza o ejecute el recurso público destinado para tal fin.