La Cámara de Diputados puso en conocimiento de los 500 legisladores diez dictámenes en materia de seguridad y justicia, ayuda a grupos vulnerables, educación, vivienda, salud y desarrollo social, pero todavía no son válidas en el país hasta que se aprueben en sesión pública ordinaria del pleno legislativo.
En temas de seguridad pública, se plantea reformar el artículo 13 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, para incrementar las penas a quienes simulen la privación de su libertad, que irán de las 200 a 700 jornadas de trabajo, o de tres a seis años de prisión.
También propone modificar el artículo 14 para imponer de tres a ocho años de prisión a quienes simulen el secuestro de una persona con el propósito de extorsionar y obtener un beneficio económico del rescate, y lo demás que señale el artículo 9 de la ley en cuestión.
Asimismo, se reforma la Ley Federal de Delincuencia Organizada para precisar las conductas consideradas como parte de la delincuencia organizada, de acuerdo a lo establecido la Ley General para Combatir y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.
Por otra parte, se reforman y derogan distintas disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para dar reconocimiento y protección de los derechos y mejoría de la calidad de vida de este grupo vulnerable en áreas como educación, programas de atención, inclusión laboral, infraestructura para el fácil acceso a espacios públicos y derecho a la vivienda.
También se dio publicidad a un documento que modifica los artículos 3, 7 y 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para fijar como competencia de los tres niveles de gobierno el promover la creación de establecimientos donde se proporcionen servicios de asistencia para esta población.
Asimismo, se garantiza la obligación del Estado de promover esta ley para que la población mexicana conozca los derechos de los adultos mayores y se promueva una cultura de respeto e invariablemente se otorgue reconocimiento a su dignidad.
Otro dictamen contempla adiciones al artículo 2 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para que emprenda acciones que fomenten y fortalezcan las actividades de divulgación científica entre los investigadores del país y las organizaciones de la sociedad civil, y establezca vínculos para fortalecer a los educadores en materia de cultura científica y tecnológica.
Un dictamen más plantea modificar el 341 Bis de la Ley General de Salud para precisar como competencia de la Secretaría de Salud y los gobiernos estatales el impulso a programas de donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales o progenitoras.
También se dio a conocer la reforma al artículo 79 de dicha ley para exigir los diplomas correspondientes, legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, a técnicos, auxiliares y profesionales en el área de optometría, para poder prestar sus servicios.
En lo que respecta a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se adiciona el artículo 29 Bis para normar la responsabilidad de las empresas que se benefician de los servicios prestados por un intermediario laboral o contratista, en el cumplimiento de las obligaciones con sus trabajadores.
Otro texto legislativo anexa el 43 Ter para plantear que el Infonavit podrá celebrar convenios con las instituciones de seguridad social para definir los procedimientos de transferencia de las aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda de los trabajadores que por cuestiones laborales o de contratación cambien de sistema.
Un último dictamen reforma los artículos 6, 14, fracción I, 19, fracción V, y 36, fracción VII, de la Ley General de Desarrollo Social, para contemplar a la alimentación nutritiva como parte de los derechos para el desarrollo pleno del individuo.
Pero todo esto fue aprobado en las comisiones respectivas y entrarán en vigor solo si el pleno de la Cámara les pone a votación ante el pleno.