El Senado de la República aprobó por unanimidad, en lo general y en lo particular, el dictamen que modifica el artículo 73 de la Constitución, a fin de facultar al Congreso de la Unión para expedir las leyes generales en materia de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, tortura, y de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Respaldado con 104 votos a favor, el proyecto dispone que dichos ordenamientos deberán expedirse dentro de los 180 días siguientes a la entrada en vigor del decreto y establecer, como mínimo, los tipos penales y sanciones para quienes cometan estas conductas delictivas.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, destacó que con la aprobación de esta modificación a la Carta Magna se da un paso firme en momentos en el que el país vive la más profunda crisis de derechos humanos después de 1968, en un contexto de impunidad, abuso de poder y responsabilidad directa del Estado mexicano en la desaparición forzada de personas y tortura.
Advirtió que el día de hoy el enemigo interior ya no es solamente el disidente u opositor político, sino que toda la población está en riesgo debido a este tipo de prácticas, ya que en la guerra contra el narcotráfico, establecida unilateralmente por el Ejecutivo federal, se permitió la salida del Ejército a las calles, y con ello, la militarización del país.
Refirió que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas contabiliza 25 mil 821 ciudadanos en esa condición, sin que a la fecha ninguna autoridad haya rendido cuentas o explicado cuáles fueron las causas de la desaparición de estos individuos.
En la discusión en lo general del dictamen, el senador Jorge Aréchiga Ávila, destacó que facultar al Congreso para legislar en materia de tortura y desaparición forzada de personas permitirá adecuar el marco jurídico y cimentar la prevención, combate y eliminación de este tipo de ilícitos que perjudican las libertades personales y trasgreden derechos fundamentales.
El senador Zoé Robledo Aburto detalló que con esta reforma el Legislativo también podrá contemplar en las leyes otras formas de privación de la libertad, como el desplazamiento forzado de personas en el interior del país. Estas poblaciones no son libres porque abandonan su entorno en contra su voluntad e interrumpen su vida, explicó.
La senadora Sonia Rocha Acosta dijo que las desapariciones forzadas son una práctica añeja de control político y social, heredada de un pasado caracterizado por una política de Estado cerrada a las exigencias sociales, que reprimía movimientos sociales, que tuvo resultados lamentables en cuanto a violaciones múltiples a derechos humanos.
El senador del PRD, Isidro Pedraza Chávez, dijo que la ley establece una base para prevenir y erradicar la tortura, la cual no es castigada; pues de acuerdo con datos del Consejo de la Judicatura Federal, del año 2005 al 2013, los tribunales federales tramitaron 123 enjuiciamientos por este tipo de casos y tan sólo siete derivaron en condenas.