El Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el proyecto para expedir la Ley de Hidrocarburos y reforma las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas, y envió el dictamen a la Cámara de Diputados.
Al concluir esta madrugada la sesión, el presidente del Senado, Raúl Cervantes Andrade, informó a la asamblea que en el procesamiento del primer dictamen de los cuatro que conforman las leyes secundarias en materia energética, se trabajaron más de 28 horas en el pleno y hubo 248 participaciones de senadoras y senadores de todos los grupos parlamentarios en tribuna, en dos jornadas parlamentarias.
Explicó que en la discusión y votación en lo particular del dictamen se anunciaron 150 artículos reservados, se registraron 677 reservas para la discusión e intervinieron 139 legisladores.
Después de las intervenciones a favor y en contra, la asamblea rechazó los cambios que presentaron senadores del PRD y PT en materia de medio ambiente, tenencia de la tierra, transparencia, corrupción, asignaciones, contratos y yacimientos transfronterizos.
Tras desahogar dichas reservas, se avalaron las modificaciones planteados por senadores del PRI y PAN a los artículos 27, 30, 31, 41, 47, 48, 66, 80, 100, 101, 102, y vigésimo noveno transitorio y la adición de un transitorio trigésimo segundo a la Ley de Hidrocarburos, así como los artículos 6 y tercero transitorio de la Ley Minera.
Entre las modificaciones, se convino que en las áreas naturales protegidas no se otorgarán asignaciones ni contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos.
Se estableció que los precios al público de Gas Licuado del Petróleo se determinarán bajo condiciones de mercado a partir del 1 de enero de 2017 o antes, en la fecha en que se haya implementado el programa de apoyos focalizados a los consumidores.
Por otro lado, el porcentaje de los ingresos que correspondan al asignatario o contratista en los proyectos que alcancen la extracción comercial de hidrocarburos -después de haber descontado los pagos que le correspondan al Estado mexicano- no podrá ser menor al 0.5 ni mayor al dos por ciento, en beneficio de la totalidad de los propietarios o titulares de derechos de que se trate.
Se incluyó que la Comisión Nacional de Hidrocarburos podrá autorizar a los titulares de concesiones mineras actividades específicas de exploración superficial de hidrocarburos en las áreas en que coexistan sus derechos.
En otro tema, las áreas en que hubo o haya asignaciones mineras con potencial para la extracción de gas asociado a los yacimientos de carbón, se considerarán como reservadas, lo cual no sería aplicable para las concesiones mineras que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del decreto.
Además, se planteó que para el tratamiento y refinación de petroquímicos no se requerirá de permiso ni se regulará o supervisará su exportación e importación.
Al pronunciarse en contra, el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del PRD, señaló que con estas modificaciones se vuelve a repetir “la mala experiencia” de diciembre pasado, cuando se presentó un addendum, donde se realizaron cambios profundos y significativos.
Con ello, señaló, se introducen asuntos graves para la seguridad del país y de nueva cuenta las mineras “vuelven a colarse por la puerta de atrás y se les genera un régimen especial para beneficiarse.
El presidente de la Comisión de Energía, senador David Penchyna Grub, negó que las reservas propuestas por 12 legisladores del PRI y el PAN se traten de un addendum, pues éstas se presentaron en tiempo y forma con las que el PRD planteó en esta jornada.
Aseguró que las concesiones mineras no representan ningún derecho preferente, por lo que se les aplicará la misma regla que se les otorga a los ganaderos y campesinos, pues la Constitución prohíbe las concesiones únicas en este sector.
El senador Roberto Gil Zuarth, del PAN, indicó que el propósito central es proteger derechos superficiales a quien tiene un legítimo derecho de la concesión minera que genera empleos e inversión. Mencionó que el modelo de asignación minera de superficie, no desplaza al titular de la superficie, ni a quien tiene derecho sobre el subsuelo.
Por su parte, el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya dijo que la legislación debe vincularse con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos y comunidades indígenas, el cual exige que este sector sea consultado en relación con los temas que les afectan.