El director general de desarrollo comunitario de la Secretaría de Desarrollo Social, Víctor Manuel Tapia, aseguró ante los diputados federales que la pobreza rural en México se ha estabilizado en alrededor de 13 millones de personas.

Pero la revelación de este funcionario de la Sedesol fue todavía más cruda al expresar textualmente lo siguiente: “La pobreza extrema en el país se multiplica arriba de dos veces de lo que tenemos de promedio nacional y es casi  tres veces superior al de las zonas urbanas”.

Al participar en el tercer día del “Foro para la Transformación y Modernización del Campo”, con el tema La política de desarrollo social rural, expuso que según estimaciones, alrededor del 10 por ciento de los productores más pobres de México apenas recibe entre el 2 y 3 por ciento del total de los recursos que se manejan en Procampo; en cambio, el 10 por ciento más rico recibe el 40 por ciento de estos recursos, abundó.   

Ante esta realidad, el funcionario de la Sedesol se pronunció por resolver los problemas desde el entorno de las zonas indígenas y con la participación social, “porque sólo así vamos a poder tener un desarrollo comunitario con estabilidad y con el consenso de la gente”.

Por su parte, el secretario de organización de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), José Dolores López Barrios, recalcó que hay muchos programas enfocados al desarrollo rural y al campo, pero varios no tienen funcionamiento porque no están direccionados a la gente que realmente lo necesita.

“Las organizaciones campesinas no sabemos a dónde van ese tipo de programas, pero muchos no llegan a los campesinos y tienen cortes electorales o mantienen a una población sometida para que no haya desarrollo”, sostuvo.

Consideró que para construir una política social es necesario garantizar el acceso al bienestar a toda la población; construir un Estado social de derecho, una economía generadora de empleo y con capacidad distributiva del ingreso y rediseñar la política social. Además estimó que un nuevo modelo de bienestar debe caracterizarse por sistemas de protección social universal, de educación y de seguridad alimentaria.

En su oportunidad, Juan Antonio Medrano, de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CODUC) A.C., destacó que la reforma debe realizarse con base en una visión “campesinista”, en donde se reconozca al agricultor como el actor histórico y fundamental de su desarrollo rural.

Coincidió en que es urgente reorientar el gasto público del Programa Especial Concurrente (PEC) y atender al 73 por ciento de las unidades de producción que cuentan con menos de cinco hectáreas. “Han sido ignoradas de las políticas públicas y sólo son usadas como el centro de atención para justificar los recursos, pero no les ha llegado nada”, acusó.