La Cámara de Diputados aprobó por 454 votos modificaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que plantea, entre otras cosas, la contención del mercado ilegal de madera, ya que se estima que en nuestro país el 50 por ciento de la madera es objeto de comercialización de procedencia ilegal.
El documento establece que se inscribirán en el Registro Forestal Nacional, a fin de acreditar su legal procedencia, las carpinterías, madererías, centro de producción de muebles, entre los no integrados a un centro de transformación primaria, cuya materia prima la constituyan productos maderables, con excepción de madera en rollo y labrada.
Precisa que estos negocios deberán informar periódicamente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la procedencia y destino de sus productos forestales maderables.
El dictamen que modifica los artículos 7, 20, 71, 74, 107, 112, 115, 128 y 142; adiciona los artículos 9 Bis; 20 Bis, 51, con una fracción X, y deroga el artículo 99 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, establece un artículo transitorio en el que los titulares de dichos establecimientos deberán estar inscritos en el Registro Forestal Nacional en un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
Destaca que el sector forestal tiene un grave retraso, pues es evidente que las políticas públicas y sus programas han sido insuficientes para dar respuesta a la necesidad de recuperar y mantener la cubierta forestal cada vez más deteriorada de nuestro territorio.
Reconoce que una forma de contrarrestar el empobrecimiento de las comunidades rurales, es generalizando las prácticas de manejo forestal sostenible en todas las comunidades en poder de los terrenos forestales, bajo una política forestal sustentada en un proyecto de manejo forestal comunitario.
Al argumentar el dictamen, la diputada Claudia Elena Águila Torres dijo que entre las 20 modificaciones a los citados artículos se encuentra también lograr una óptima operación del Servicio Nacional Forestal y su grupo de trabajo, en donde se obliga al presidente de este servicio a convocar a sus integrantes, cuando menos dos veces al año.
Precisó que en el documento se definen las atribuciones de la propia Junta de Gobierno. “Con estas reformas se contribuye a generar un modelo de desarrollo forestal que coadyuve a aprovechar de forma sostenible los recursos forestales y preservar el medio ambiente, tomando en cuenta el interés de las futuras generaciones”, agregó.