Con 118 votos a favor y 3 en contra, el Senado de la República aprobó --en lo general-- el dictamen que realiza 18 modificaciones a la reforma constitucional en materia de Telecomunicaciones.
Los senadores incluyeron contrapesos para los órganos reguladores, el derecho de las audiencias, el reconocimiento de los medios comunitarios e indígenas y el acceso libre a las telecomunicaciones “sin injerencias arbitrarias”; además reincorporaron la obligación del Estado para garantizar el derecho a la información.
Precisaron que las opiniones del secretario de Comunicaciones y Transportes sobre el otorgamiento de concesiones y las de la autoridad hacendaria para fijar las contraprestaciones, no serán vinculantes y se emitan en un plazo de 30 días.
En cuanto a las concesiones para uso público y social, éstas serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas.
Establecieron que para ser comisionado de la CFCE, se requiere no haber laborado en los tres años anteriores --en lugar de los cinco que proponía la minuta-- en alguna empresa relacionada a las telecomunicaciones y deberá poseer un título profesional, aunque no sea en esta materia.
Para ser comisionado del IFETEL, el candidato no debe haberse desempeñado durante el año anterior como secretario de Estado, procurador, legislador, gobernador o jefe de gobierno del Distrito Federal, y no cinco años.
Convinieron que sólo en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales y acciones, las resoluciones se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.
Además, será en la ley secundaria donde se especifiquen las modalidades con las que los comisionados podrán establecer contacto con representantes de los agentes económicos regulados.
También, eliminaron el deber de los órganos reguladores de hacer del conocimiento del Ministerio Público cuando adviertan la probable existencia de un delito en materia de monopolios.
Se mantuvo la propuesta de que las telecomunicaciones sean consideradas como servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencias, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión y convergencia.