El senador Pablo Gómez Álvarez confió en que la Cámara de Diputados apruebe la reforma por la que se regula el fuero para servidores públicos, pues dijo que con este proyecto se garantiza la igualdad entre ciudadanos en materia penal, al poder sentenciar a un funcionario de alto mando en caso de cometer un delito.

Aseguró que de aprobarse la iniciativa en la Cámara de Diputados y en las entidades federativas, se generaría “una situación de igualdad pues la gente que ocupa los puestos más altos sea igual, si comete un delito se tiene que presentar ante el juez y someterse a un juicio, y si es culpable deberá ser sentenciado”.

El legislador por el Distrito Federal explicó que el fuero constitucional es un mecanismo que impide que el Ministerio Público ejerza acción penal en contra de los titulares de los poderes públicos, “es una protección para los poderes públicos como Presidente de la República, secretarios de Estado, diputados, senadores, ministros de la Corte y gobernadores”.

Indicó que el objetivo de esta reforma a la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos que se encuentra en la Cámara de Diputados para su discusión, “pretende igualarnos a todos, si alguien es acusado siendo de estos poderes públicos de algún delito y el juez resuelve si  hay un proceso esto generara una sentencia, podremos ser procesados y sentenciados”.

Dijo que en el proyecto se mantiene la inmunidad para el servidor público “para que durante el proceso se mantengan en libertad en lo que se determina una sentencia”.

Pablo Gómez comentó que esta reforma permitiría condenar a un alto funcionario público, “es muy importante porque este fuero de rango constitucional ha sido usado para la impunidad”.

“Si alguien comete un delito y forma parte de los poderes del Estado que se le trate como a cualquiera, mantenga su cargo, venga la sentencia y lo despachen para poderlo juzgar o ahí para el asunto”, mencionó.

Añadió que este recurso responde a la necesidad política del Estado, “que todo auto de vinculación a un proceso de miembros de los Poderes públicos ya se podrá iniciar un proceso contra quien sea, desde el Presidente hasta ministros de la Corte, senadores o diputados”.