El Pleno de la Cámara de Diputados acordó aumentar de 50 a 60 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la multa máxima para quienes provoquen daño ambiental, pues desde diciembre 2001 no se actualiza esta sanción.
Esta reforma la votaron positivamente los 405 diputados que asistieron a trabajar, de un total de 500, y además modificaron el artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, para sancionar al infractor reincidente que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo modelo en un periodo de 3 años en lugar de 2 como actualmente se señala.
En el dictamen se argumenta que el monto de 50 mil días de salario mínimo, resulta insuficiente para inhibir al sujeto que ocasiona el daño, ya que el beneficio económico obtenido pude ser mayor a la sanción, lo que hace rentable cometer el ilícito.
Se añade que esta es la oportunidad de que la multa disuada al infractor, para lo cual debe tomarse en cuenta su capacidad económica, “pero sin olvidar dar el monto del beneficio que pudo obtener o del perjuicio que pudo causar, pues aun cuando sea reincidente debe haber cierta proporción o relación entre estos últimos elementos y el monto de la multa”.
Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, diputada Lourdes Adriana López Moreno expresó que la normatividad ambiental mexicana necesita de instrumentos eficaces que garanticen la adecuada protección.
Se requiere, dijo, mayores sanciones, en cuyo caso las multas económicas sean severas para rescatar la zona afectada y al mismo tiempo inhibir, en lo posible, la conducta infractora y el daño.
En los posicionamientos, la diputada Cristina Olvera Barrios resaltó que México ha experimentado pérdidas, deterioro e incontrolables afectaciones a la biodiversidad, los suelos, los ecosistemas y el medio ambiente, por lo que con este dictamen se incrementa la sanción máxima y amplia la figura de reincidente al infractor como medida de prevención en la comisión de delitos ambientales.
La diputada Lorena Méndez Denis destacó que la actual sociedad ha desarrollado medios industriales y científicos, que han originado fuentes de contagio que afectan el medio ambiente y crean peligros para la salud humana, de ahí la importancia de aumentar la sanción cuando se contamine, por ejemplo, los ríos o se perturba el equilibrio biológico.
La diputada Loretta Ortiz Ahlf argumentó que incrementar la multa es pertinente, ya que el monto no se ha actualizado en más de una década, ya que en diversas ocasiones el beneficio económico de cometer el delito ambiental puede ser mayor a la sanción económica.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez subrayó que la prevención de los programas de cultura ambiental y de lo que tiene que ver con supervisión, han sido rebasados por el crecimiento y desarrollo, por lo que se analiza una ley orgánica que pueda regular a la propia Profepa para mejorar sus mecanismos de trabajo.
A su vez, la diputada Claudia Elena Águila Torres añadió que el incremento de la sanción máxima a 60 mil días de salario mínimo, la cual hoy es de 50 mil días, se genera porque “no ha sido suficiente para impedir que el sujeto produzca el daño; debido a que el beneficio económico obtenido es mayor a la sanción correspondiente”.
El diputado Gerardo Peña Avilés relató que en 12 años el monto de las sanciones a las conductas delictivas no ha sido suficientemente capaz de inhibirlas, ya que en estos años los beneficios que se obtienen del daño al medio ambiente, pueden ser mayores a las sanciones de la ley. “Apoyamos reformas que permitirán un acceso a un medio ambiente que nos permita un mejor desarrollo humano”.
El diputado Darío Badillo Ramírez señaló que este dictamen atiende a un problema que día a día ocupa un espacio más amplio en el interés nacional, pues su resolución significa un reto para el progreso del país, la contaminación del medio ambiente. “Estamos a tiempo de evitar un colapso de nuestro planeta y el de nuestra forma de vida”.
Aprobado en lo general y particular, el dictamen que reforma el artículo 171 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, se canalizó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.