La corrupción en el sector inmobiliario “es terrible” y genera un gran mercado negro en el país, lo cual provoca que más de 200 mil familias se establezcan anualmente en asentamientos irregulares donde se registran tragedias, afirmó el senador Francisco Búrquez Valenzuela.
En su calidad de presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial del Senado de la República, señaló que quienes participan en ese esquema de corrupción, el cual empieza desde los municipios, se aprovechan de que un 60% de la población no tiene acceso a un mercado formal de vivienda.
Aseguró que hay 16 millones de trabajadores en la economía formal, que pueden tener acceso a una vivienda del Infonavit, pero hay 20 millones de trabajadores que no tienen acceso a ninguna opción, más que la del mercado ilegal.
“Esa población es atendida en buena parte en el mercado negro de la vivienda, compuesto por líderes que tienen controles políticos, gobernantes que tienen arreglos económicos, propietarios de tierra sin escrúpulos, y es en esos asentamientos irregulares donde suceden las tragedias. Esa población necesita opciones formales de vivienda y para eso tenemos que aprender mucho del pasado”, declaró.
El senador por Sonora comentó que en el país, dos terceras partes de las viviendas que existen en el inventario fueron hechas por los propios ciudadanos, y consideró que es a partir de esa experiencia de la que se necesita aprender para brindar opciones diferentes a las que hoy se presentan por el Infonavit.
Estimó que se debe abrir la puerta a opciones de autoproducción a través de lotes con servicios y pies de casa con buena planeación, que tengan espacios recreativos y preparados para los futuros equipamientos.
“La idea es desarrollar ese barrio o ciudad a lo largo de 50 o 60 años, y no esperar a que nazca desde ahorita con todo pavimentado, porque entonces ese producto va a ser muy caro y no va a ser posible que lo adquiera alguien que apenas va empezando. Otra opción que tienen las personas para hacerse de una vivienda es comprarla o rentarla, y ahí por supuesto que ponerle IVA a la renta va en contra de la gente más pobre que no puede comprar una vivienda”, argumentó.
Búrquez Valenzuela dijo que se necesita darle garantías a los inversionistas de que van a poder disponer de su inversión cuando alguien no les pague, pero al mismo tiempo los programas de gobierno pueden incentivar esa oferta de lotes con servicio y la oferta de vivienda en renta, para poder ofrecer un espacio a esas 200 mil familias que año con año se establecen en asentamientos irregulares.
“Podemos hablar que un 50 por ciento de la población vive o ha vivido en asentamientos irregulares, y hablar de ese rubro significa que no tienen garantía y propiedad de la inversión que han hecho en su casa, porque no son dueños del lote; los servicios públicos son terribles porque no fueron planeados; la luz eléctrica la jalan con ‘diablitos’ y de ella se cuelgan cinco, diez o hasta quince familias que luego provocan incendios; asentamientos humanos que no tienen vialidades ni espacios recreativos, ni equipamientos urbanos”, expuso.