El próximo lunes, el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Francisco Javier Castellón Fonseca, acudirá al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Pacho Viejo, en Xalapa, Veracruz, donde están detenidos los “twitteros” acusados de terrorismo y sabotaje, a fin de brindarles apoyo y solidaridad en el proceso que enfrentan.
Castellón Fonseca, entre otras cosas, revisará las condiciones en las que se encuentran María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, acusados por el gobierno de Veracruz de realizar actos terroristas a través del uso del Internet y las redes sociales.
Esta acción se suma a las que ha emprendido desde la Cámara de Senadores y por otras vías para lograr la liberación de los “twitteros” detenidos.
Durante la sesión de este martes en el Senado, Castellón Fonseca presentó una propuesta para exhortar a Javier Duarte de Ochoa, gobernador de Veracruz, a que reitre los cargos en contra de María de Jesús Bravo y Gilberto Martínez, por no existir bases sólidas para su detención.
La visita del próximo lunes la realizará acompañado de activistas defensores de los derechos humanos, entre ellos Jesús Robles Maloof, integrante de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y del Colectivo Contingente MX; familiares de los detenidos y por el defensor legal de los mismos, Fidel Ordoñez Solana.
El senador expresará su apoyo moral y político a los detenidos, ya que, dijo, las acusaciones del gobierno de esa entidad no tienen justificación y sólo responden al miedo que tienen las autoridades a que los ciudadanos se comuniquen.
Al término de la visita, el legislador realizará una conferencia de prensa en un conocido hotel de la ciudad de Xalapa, donde explicará los pormenores de su visita y dará a conocer las acciones que ha emprendido desde el Senado sobre este tema.
Apenas hace unos días, un juez dictó auto de formal prisión a los “twitteros” de Veracruz por el delito de terrorismo en la red. Los encontró penalmente responsables de propiciar psicosis colectiva en agosto pasado al lanzar falsas alarmas de atentados.
De ser hallados culpables, la pena será hasta de 30 años de prisión. Ambos son acusados de terrorismo y sabotaje, y deberán enfrentar su proceso en la cárcel.