El senador Ernesto Ruffo Appel presentó un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la implementación de una política enfocada a brindar en ambos lados de la frontera norte una atención integral a los migrantes, en particular a niños y jóvenes cuyas familias son deportadas de Estados Unidos.
La proposición suscrita también por los senadores Víctor Hermosillo y Celada y Marco Antonio Blásquez Salinas, plantea que la SRE, ante la situación de vulnerabilidad en que quedan las familias separadas por la deportación de alguno de sus miembros, implemente una política que tenga la finalidad de “reducir al máximo el impacto de la separación, estrechando los vínculos familiares, en tanto se impulsa una resolución migratoria favorable y los niños y jóvenes puedan continuar sus estudios y actividades productivas”.
El presidente de la Comisión de Asuntos Fronterizos Norte recordó que la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó que ha deportado a 368 mil 644 personas solamente durante 2013, de las cuales 241 mil 493 fueron mexicanas.
“Las expulsiones se realizan en nueve puntos a lo largo de la frontera y quienes dejan hijos atrás seguramente intentarán cruzar nuevamente, sin papeles, con riesgo para sus vidas. Sin embargo, la razón principal para abstenerse de volver a sus comunidades de origen, es la escalada de violencia que se vive en México, por lo que muchos migrantes han optado por presentarse en grupos en la línea divisoria e invocando las leyes de los Estados Unidos, solicitan refugio o asilo político”, dijo el legislador bajacaliforniano.
Muchos de los padres en proceso de deportación califican para intentar una petición en el marco de las leyes de migración, pero no lo hacen por falta de asesoría jurídica y por la celeridad con que son expulsados de Estados Unidos, en consecuencia, requieren de apoyo consular, añadió.
De acuerdo con Ruffo Appel, la petición presentada en la línea fronteriza por los grupos que se han apersonado de manera masiva en Tijuana desencadena un proceso para esclarecer su destino. “En promedio 35 personas en cada ocasión han puesto a consideración de la autoridad migratoria la necesidad de que se les permita reingresar en razón de que sus hijos se han quedado en dicho país, pero el procedimiento lleva varios meses durante los cuales los migrantes, en su mayoría trabajadores con un modo honesto de vida, son recluidos en centros de retención”.
Organizaciones de migrantes como “Ángeles sin Fronteras” y la “Alianza Nacional de Jóvenes Inmigrantes (NIYA)”, entre otras, han estado impulsando y acompañando estos cruces masivos con la finalidad de ayudar a las personas que lo hacen pero también para crear conciencia de la necesidad de superar la situación inhumana que se produce al separar a las familias, manifestó.
Por lo anterior, afirmó que se requiere que la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados preste asistencia a los mexicanos que son objeto de detenciones con miras a su deportación, con acciones como difundir información sobre cuáles son sus derechos para que los hagan valer.
Principalmente, agregó, “deben de estar en condiciones de solicitar a la autoridad migratoria que se tome en cuenta los años de residencia así como su desempeño y contribución en actividades productivas de beneficio para dicho país”.
En tanto se intensifica la tarea de sensibilizar a las instancias involucradas en las cuestiones migratorias, resulta urgente que se tomen medidas para atender a los hijos de migrantes que se quedan sin el apoyo familiar cuando sus padres son deportados, consideró.
Es importante que los Consulados extiendan su campo de atención y se familiaricen con los programas que el propio Gobierno federal y de cada uno de los estados y condados tengan en su caso para apoyar a los hijos o familiares de deportados para que soliciten los beneficios, indicó.
En conclusión, dijo que en tanto el Gobierno federal mantiene los contactos al más alto nivel con el gobierno del país vecino para impulsar una reforma migratoria, la SRE deberá incrementar sus acciones de protección a mexicanos en el exterior, en particular en Estados Unidos, para sistematizar una política pública enfocada a coadyuvar con la problemática de las familias separadas.