Cuando las autoridades y las y los funcionarios públicos no acepten o cumplan una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Cámara de Senadores o en sus recesos a la Comisión Permanente, podrá citarlos a comparecer con el objeto de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa, propuso la senadora Angélica de la Peña Gómez.
La también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública federal; la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Ello, con la finalidad de “homologar” dichos ordenamientos a la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación en junio de 2011, que establece que cuando las recomendaciones emitidas por la CNDH no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa.
Además, señala que “la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa”.
Ante ello, la senadora propuso modificar las leyes citadas con el fin de equiparar esta última reforma constitucional, para que “en caso de que las autoridades y las y los funcionarios públicos no acepten o cumplan una recomendación de la CNDH, ésta pueda dar vista a la Cámara de Senadores o en sus recesos, a la Comisión Permanente para que las Comisiones respectivas citen a los funcionarios o a las autoridades responsables, a fin de que expliquen las razones de su conducta o justifiquen su negativa”.
De la Peña Gómez resaltó la importancia de la reforma del 2011, ya que hasta antes de ésta, no existían mecanismos de control político por parte del Poder Legislativo para todas aquellas conductas omisas, evasivas e incluso irresponsables por parte de las y los servidores públicos que son señalados en las recomendaciones de la CNDH.
Muestra de estos incumplimientos, dijo, se consignan en el Informe de actividades de la CNDH, que indica que para el año 2011, se emitieron 95 recomendaciones dirigidas a 58 autoridades, en 141 ocasiones.