El senador Martín Orozco Sandoval, propuso reformas a la Ley de Aviación Civil, a fin de impedir abusos de los concesionarios de la industria aeronáutica en perjuicio de los pasajeros, a quienes deberán prestar servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad y seguridad.
Se trata –explicó-- de regular las obligaciones de los concesionarios respecto a retrasos o anticipaciones en la hora de salida de los vuelos, así como en los casos en que, ya iniciado, éste sea interrumpido, estableciendo los derechos que tendrá el pasajero en estos casos.
Entre las obligaciones que deberán acatar los concesionarios, aclaró, destacan que cuando el retraso en la hora de salida del vuelo sea mayor de una hora y menor de dos, el pasajero recibirá los servicios de comunicación telefónica o electrónica.
Dijo que si la demora es mayor a dos horas y menor de cuatro, el concesionario deberá proporcionar alimentación completa al pasajero según el tiempo de espera.
Subrayó que en caso de que el retraso sea de cuatro horas o más, el usuario podrá recibir la devolución íntegra del precio del boleto, transporte sustituto en el primer vuelo disponible, aun cuando éste sea de otro concesionario o bien transportación en fecha posterior que convenga al pasajero hacia el destino del cual se denegó el embarque.
En tribuna, el legislador panista consideró que “nuestro marco jurídico actualmente es insuficiente para garantizar a cabalidad los derechos que como consumidores tienen los pasajeros de transporte aéreo, ya que la ley vigente sólo señala los casos de sobreventa de boletos para un vuelo, y el de la cancelación.
Lamentablemente –abundó-- es una generalidad que las respuestas o soluciones que dan las aerolíneas no sólo son insatisfactorias e incompresibles para los usuarios, sino que en algunos casos resultan ineficaces para atender de fondo el problema, ya que el retraso puede implicar la perdida de compromisos laborales o de otra índole.
Por ello, dijo finalmente el legislador, es una tendencia mundial emprender acciones tendientes a disminuir los abusos en contra de los pasajeros de transporte aéreo e instaurar una serie de derechos específicos para su protección.