El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 388 votos a favor, abrogar la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal, ya que la aplicación de esta normatividad cumplió con todos sus efectos jurídicos, es decir, al aplicar los hechos y situaciones que le dieron origen.
El dictamen enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, indica que esta ley resultó idónea para satisfacer las necesidades de la vida jurídica, social, económica y política de la época que emergía de la transición entre gobiernos militares y civiles, y cuando el mundo salía del conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial; en la época actual, su prevalencia como parte del marco jurídico mexicano resulta irrelevante.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge (PAN), dijo que la Ley para la Depuración y Liquidación de Cuentas de la Hacienda Pública Federal fue creada para llevar el registro de cuentas a favor del erario, originadas en la convulsa época de la posguerra, que por distintas circunstancias no habían podido ser puestas en claro, esencialmente por falta de datos específicos.
La Comisión de Hacienda y Crédito Público concluyó que la ley ha perdido vigencia real al no existir el objetivo y situación que motivó su creación y vigencia, por lo que no tiene aplicación alguna en el momento actual.
“Lo anterior se refuerza con el análisis de las modificaciones realizadas a través de los años, al marco jurídico aplicable a las funciones de contaduría que posteriormente le correspondió aplicar a la Tesorería de la Federación”, advirtió.
La LXIII Legislatura aprobó la nueva Ley de Tesorería de la Federación con el propósito de dotar a esta institución de herramientas más acordes a los requerimientos actuales del gobierno federal y que permitan consolidar una tesorería eficiente.
En este sentido, reiteró que la administración de los recursos y valores de la propiedad o al cuidado del gobierno federal, se realiza con calidad, eficiencia, eficacia y transparencia, con el objetivo de contribuir al equilibrio de las finanzas públicas y a la estabilidad macroeconómica del país.