En el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno, las comisiones unidas de Transparencia y Anticorrupción y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se reunieron con Julián Alfonso Olivas Ugalde, encargado del despacho de la Secretaría de la Función Pública.
Los grupos parlamentarios abordaron el tema de la corrupción y fijaron su posicionamiento. Coincidieron en que este flagelo impide la competitividad, eleva los costos de los programas de gobierno, genera incertidumbre entre los inversionistas y daña la economía de las familias.
Por su parte, el funcionario informó que en lo que va de la presente administración se ha sancionado a 14 mil 905 servidores públicos por actos de corrupción y derivado de ello se han recuperado 6 mil 114 millones 600 mil pesos.
En los posicionamientos, el diputado Juan Isidro Del Bosque Márquez expresó que con las reformas constitucionales en materia de transparencia, el país cuenta por fin, con una eficaz rendición de cuentas; se trasluce el ejercicio de la actividad pública; la entrega de la información requerida por la ciudadanía se hará de manera pronta y expedita; habrá una ampliación en el derecho de acceso a los datos públicos, y se acercará el sistema a la ciudadanía.
Afirmó que el combate a la corrupción marcha en conjunto con la transparencia, hacia la consolidación de un país con gobernabilidad democrática. “Este tema representa uno de los principales reclamos más puntuales de la sociedad, así como una necesidad para construir un gobierno más eficaz y con mejores resultados”.
La corrupción, dijo, eleva los costos de los programas de gobierno, genera incertidumbre entre los inversionistas y daña la economía de las familias. De ahí, que fuera indispensable generar cambios que pudieran hacer frente a esta problemática.
“La corrupción representa un lastre en razón de los efectos negativos que provoca, por lo que en el PRI respaldamos con toda decisión las propuestas en materia de transparencia y anticorrupción planteadas por el Presidente Peña Nieto”.