Luego de entregar un escrito al diputado Oscar García Barrón, presidente de la Comisión de Reforma Agraria de la Cámara de Diputados, catedráticos universitarios y dirigentes agrarios de la Confederación Nacional Campesina (CNC), se manifestaron contra las reformas a la Ley de Amparo que pretenden hacer los senadores que integran la Comisión de Puntos Constitucionales, con una ignorancia de los efectos jurídicos que esto va a traer para México; además de que dejaría a los campesinos e indígenas en un estado de indefensión.
La maestra María Magdalena Sánchez Conejo, Catedrática de las materias de Práctica Forense de Derecho Administrativo y Derecho Agrario de la Facultad de Derecho de la UNAM, e integrante de la Confederación Nacional Campesina, que preside el diputado Gerardo Sánchez García, advirtió, en entrevista, que se pretende anular el juicio de amparo agrario directo, con el peligro de que también se supriman los tribunales colegiados.
"Hay que destruir al Frankestein que se está proponiendo en contra de la propiedad del ejido, porque debe haber respeto a la dignidad de los pueblos indígenas, de los ejidatarios y de los comuneros, para que no suceda otra conflagración como la del 1910 que la causó precisamente el despojo de las tierras, el maltrato a los humildes y a los campesinos. Estamos seguros que no pasará", sentenció.
Luego, indicó que las intenciones son modificar la Ley Federal de Reforma Agraria con la finalidad de desproteger al ejido para entregarlo en "bandeja de plata" a trasnacionales y al poder económico del país y advirtió que esta "amenaza" de la iniciativa panista no pasará por considerarla anticampesina.
Puntualizó que dicha reforma crearía un estado de indefensión hacía los 31 mil núcleos agrarios, que son propietarios de 105 millones de hectáreas de tierra en el país, ya que el derecho agrario es un instrumento de protección para los más pobres, y la justicia agraria da paz y tranquilidad al campo, donde existe una cuarta parte de la población del país.
Además, apuntó, modificar el amparo agrario dejaría a los núcleos agrarios en “las garras” de la voracidad de banqueros y financieros; es decir, gente de dinero que están comprando ejidos completos, principalmente en playas de Quintana Roo y, exhortó a detener este atropello, que pretende quitarles esa defensa y ese derecho a los campesinos e indígenas de México.
Mencionó que no se necesita una nueva Ley de Amparo, pero sí exige su renovación en el sentido de perfeccionarlo, conservando su estructura esencial y, revisar las causas de improcedencia legal a efecto de mantener las que estén justificadas y de abolir las que sean pretexto, para dictar resoluciones de sobreseimiento denegatorias de justicia.
Consideró que debe de conservarse intacto el juicio de amparo agrario, porque es un control constitucional que ha evitado un movimiento armado y que estas someras reflexiones llevan a la conclusión que las reformas que se pretendan introducir a la ley de amparo deben conservar la conceptuación y la terminología clásica y tradiciones de juicio constitucional, porque de aprobarse esta iniciativa de ley se entraría a una anarquía y a un estado dictatorial.
Cabe señalar que por unanimidad, el Senado de la república aprobó el 11 de noviembre, en lo general, la nueva Ley de Amparo, pero quedó pendiente la discusión en lo particular de esa legislación reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, ya que hubo 100 propuestas de modificación al articulado, la mayoría impulsadas por el PRD, pero no pudieron desahogarse ni la mitad durante la sesión.