La Comisión Permanente aprobó crear un grupo de trabajo para dar seguimiento a las investigaciones sobre los sucesos del 12 de diciembre de 2011 en Chilpancingo, Guerrero, en el que perdieron la vida los estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Gabriel Echeverría de Jesús y Jorge Alexis Herrera Pino.
El grupo de trabajo quedará integrado por un legislador de cada grupo parlamentario representado en la Comisión Permanente.
El diputado Gerardo Fernández Noroña dijo que se busca ayudar a clarificar lo que sucedió y llevarlo hasta las últimas consecuencias para que este tipo de hechos no sigan ocurriendo.
Además consideró necesario llamar al gobernador del estado de Guerrero y al Secretario de Seguridad Pública, para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.
“Es dramática la manera en que la educación pública en nuestro país está siendo vulnerada, sometida y reducida; hay siete millones de jóvenes sin acceso a la universidad, no hay empleo y no puede ser que se les trate a tiros cuando se deciden a levantar la voz para exigir cosas tan elementales y justas”, expresó casi a gritos desde la tribuna de la Permanente que tiene como sede la Cámara de Diputados.
Por su parte, el diputado Armando Ríos Piter señaló que se debe hacer una investigación puntual y oportuna, que garantice a los ciudadanos y ciudadanas de guerrero y del país que se llegará hasta las últimas consecuencias.
Añadió que es necesario reflexionar sobre la forma como están funcionando los modelos de atención a la juventud y el educativo, ya que “no cambia la política educativa en el país, ni la visión de cómo tratar y dialogar frente a las manifestaciones”.
Lo que ha pasado en Guerrero, dijo, debe de ser para los representantes populares una motivación en la que no debemos estar ausentes frente a todos los jóvenes que hoy viven en el país; se tiene que motivar un fuerte activismo de parte de los diputados y senadores.
A su vez, el senador Felipe González González se pronunció a favor de la creación del grupo de trabajo, pero enfatizó que éste debe “ser imparcial, profesional y llegar hasta las últimas consecuencias, si se pretende que realmente dé resultados”.
No se trata, precisó, de un problema de estudiantes, es un asunto de grupos políticos en Guerrero, de retraso en la justicia social de muchos años y afirmó que este grupo de trabajo tendrá suficiente tiempo para hablar puntualmente, a fin de conocer a los culpables y se puedan fincar responsabilidades.
En su turno, el diputado César Augusto Santiago Ramírez coincidió en que es la oportunidad para analizar este asunto y tomar una medida legislativa que sea útil. “Yo no sé cuándo la autoridad piensa informar que éste es un país de justicia donde se investigan los delitos, donde se castiga a los culpables y se da a la gente la seguridad de que vivimos en un régimen civilizado y justo”, expuso.