Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, que preside el diputado José Guillermo Anaya Llamas, aprobaron reformas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a la de la Policía Federal en materia de exámenes de control de confianza.
Lo anterior tiene el propósito de establecer que las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las Instituciones de Seguridad Pública deberán garantizar la cientificidad y objetividad de los procesos de evaluación.
Asimismo, señala que se deberá llevar un estricto apego al respeto de los derechos humanos y de la dignidad de la persona evaluada en la aplicación de los procesos que operen los centros de evaluación de las Instituciones de Seguridad Pública.
Consideran los legisladores que en este procedimiento se denigra la integridad de los elementos de seguridad y los somete incluso a interrogatorios y procesos “similares a una tortura”
La iniciativa menciona que la contratación de nuevos elementos para las fuerzas armadas y para los cuerpos de seguridad pública como la Policía Federal, ha sido una medida prioritaria para el gobierno, sin embargo, los procedimientos de evaluación de control, tanto para el ingreso como para la permanencia de estos elementos, no han sido idóneos.
La propuesta resalta que quienes aplican el polígrafo en México son, algunas veces, profesionales de la salud, pero la mayoría son técnicos sin grado universitario que intentan determinar en un ambiente intimidatorio y adverso a los intereses del examinado, qué tan diferentes resultan sus reacciones fisiológicas cuando se les aplican preguntas “neutrales”, en comparación con la reacción ante preguntas “comprometedoras”.
Menciona que al ser consciente el evaluado de que responder a las preguntas podría conducir a ser aceptado o rechazado, y en su caso, despedido, multado, o encarcelado, el nivel de estrés y de ansiedad se eleva naturalmente, conduciendo a resultados no necesariamente previsibles.
Al respecto, el diputado José Francisco Coronato Rodríguez (Movimiento Ciudadano), quien propuso la iniciativa, dijo que los exámenes de control no contribuyen a garantizar la confiabilidad dentro de los cuerpos de seguridad del país.
“A todas luces observamos, a través de los medios de comunicación que se habla de cientos de elementos de seguridad que no acreditaban los exámenes de control”.
Subrayó que el Estado tiene la obligación de brindar el servicio de seguridad pública, por lo que la Cámara de Diputados debe definir el camino por el que puedan transitar estas pruebas para lograr la verdadera seguridad pública.
Sostuvo que la aplicación de estos controles ha contribuido en sentido negativo, ya que en “las instituciones públicas quedan verdaderos delincuentes y se manda a la calle a elementos honestos”, sostuvo.