El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, ignora cuál es el patrimonio cultural de México; el gobierno de Veracruz se quiere clavar 163 millones de pesos y funcionarios del sector encargados del medio ambiente registran marcada ineficiencia en el destino de los recursos que manejan.
Así lo reveló a diputados federales el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, en lo que se consideró auténtica radiografía del incontrolable manejo de las carretadas de dinero que año con año se le autoriza a la administración pública del Gobierno federal.
Dijo que en cuanto al patrimonio cultural, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) no acreditó el número de bienes muebles e inmuebles con valor cultural de propiedad federal identificados ni inventariados a 2012, por lo que se desconoce el número de bienes que deben ser protegidos, conservados y restaurados.
Respecto al apoyo a la práctica de los deportes, expuso que se encontraron resultados poco favorables. En 2012, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) transfirió 163.3 millones de pesos al gobierno de Veracruz para los Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2014, pero al cierre de la auditoría (julio 2013) la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno de Veracruz no los había transferido.
Además, las reglas de operación del Programa Deporte, a cargo de la Conade, no son claras ni precisas para garantizar el seguimiento estricto y la adecuada comprobación de los recursos transferidos a las entidades federativas, federaciones deportivas y asociaciones civiles.
Respecto al medio ambiente y el impacto que tienen las actividades productivas para su conservación, indicó que del 2007 al 2012, las adecuaciones al marco normativo se incrementaron en 3.9 por ciento, lo que coincidió con un incremento del 26.9 por ciento en el número de obras y actividades que no contaron con autorización de impacto ambiental.
En 2012, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente evaluó el impacto ocasionado por 92 obras o actividades que no disponían de autorización correspondiente, sin que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dictaminara sobre las acciones de restauración y compensación al medio ambiente que debían realizarse, situación que no permitió contribuir a reducir los desequilibrios ecológicos que generaron estas obras.
Subrayó que durante 2007 a 2012, se otorgaron 6 mil 203 apoyos para la realización de proyectos productivos y 8 mil 465 autorizaciones para la realización de obras y actividades sin que la Comisión de Áreas Naturales Protegidas dispusiera de parámetros técnicos para evaluar su impacto, por lo que se desconoce en qué medida se ha afectado la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.