Ante el posible riesgo de incurrir en conflicto de interés, derivado de la relación personal entre el presidente Enrique Peña Nieto y Juan Armando Hinojosa Cantú, la senadora Laura Angélica Rojas Hernández demandó de la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar la legalidad de las contrataciones públicas realizadas por el Gobierno Federal con la empresa Grupo Higa y las compañías en las que el empresario es socio o accionista.
Rojas Hernández consideró que la SFP tiene la oportunidad y la obligación de probar que, aún y cuando es una dependencia de la Administración Pública Federal, las instituciones en México si funcionan al dar cauce efectivo a una investigación y, en su caso, sancionar cuando así proceda.
Mediante un punto de acuerdo, la también integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana solicitó exhortar a la SFP a rendir un informe detallado de las contrataciones que la Administración Pública Federal ha realizado del 2010 a la fecha con Grupo Higa; Constructora Teya; Inmobiliaria del Centro; Eolo; Publicidad y Artículos Creativos, S. A. de C. V., y Consorcio IGSA Medical del Perú.
Lo anterior, luego de la serie de acontecimientos que suponen infracciones a las leyes administrativas que rigen al servicio público y la sospecha de posibles actos de corrupción, como la cancelación del tren México-Querétaro que había ganado Grupo Higa y la “Casa blanca” de Sierra Gorda, valuada en siete millones de dólares, la cual fue construida por Inmobiliaria del Centro y adquirida por la Primera dama en condiciones distintas de mercado.
Así como diversas contrataciones millonarias que realizó el ahora Presidente de la República cuando era gobernador del Estado de México, entre ellas la ampliación de la vialidad Las Torres, de Zinacantepec a San Mateo Atenco concesionadas a Constructora Teya por 250 millones de pesos o el hospital de alta especialidad de Zumpango, concesionada a IGSA, por 700 millones de pesos.
En este sentido, Rojas Hernández alertó que cuando se observa la relación entre un empresario y un servidor público o se percibe algún beneficio para alguna de las partes en virtud de la relación, se corre el riesgo de incidir en conflictos de interés, la antesala para cometer actos de corrupción.
El informe solicitado a la Secretaría de la Función Pública deberá incluir, entre otros puntos, los procedimientos de contratación llevados a cabo por entidades o dependencias de la Administración Pública Federal a través de licitaciones públicas o adjudicaciones directas, así como constancias del procedimiento, convocatorias o bases, actas de las juntas de aclaraciones, propuestas técnicas y económicas recibidas, dictámenes de evaluación de ofertas, fallo de adjudicación y el contrato suscrito.
También tendrá que considerar, en caso de que el contrato haya derivado de algún procedimiento de excepción a la licitación pública, la justificación técnico jurídico administrativa, estudios de mercado; así como especifica si se realizaron actos de fiscalización y/o control por parte de la SFP o sus órganos internos de control.
Rojas Hernández resaltó que los mexicanos no podemos pagar las consecuencias de decisiones de dudosa ética pública, como sucedió ante la polémica cancelación de la licitación del tren México-Querétaro por la que se deberán desembolsar del erario 590 millones de pesos por gastos no recuperables.
“México merece funcionarios públicos de la más alta calidad, un gobierno con ética pública, que vea por los intereses de los ciudadanos y no de los propios, un gobierno que impulse la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, para cerrar la puerta a la opacidad y evitar a toda costa la impunidad”, concluyó.
El punto de acuerdo también fue suscrito por las senadoras María Marcela Torres Peimbert (PAN) y Dolores Padierna Luna (PRD), así como por los senadores Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) e Isidro Pedraza Chávez (PRD).