Con el objetivo establecer como una obligación para los proveedores o prestadores de servicios, la entrega inmediata del comprobante fiscal digital a los clientes que hayan adquirido bienes o reciban servicios, el senador panista Héctor Larios Córdova presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación.
Esta propuesta, indicó Larios Córdova, se desprende de la necesidad de terminar con la práctica indebida de remitir a los clientes a portales de Internet para solicitar dicho comprobante fiscal.
El Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial reveló que de acuerdo con datos dados a conocer por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), en México existe un universo de 38 millones de contribuyentes, de los cuales 1.2 millones emiten facturas electrónicas.
Cabe señalar, que en los años 2007 a 2009 los contribuyentes presentaron documentos apócrifos en las auditorías que tuvieron una cuantificación de alrededor de los 46 mil millones de pesos, lo que equivale el triple del proyecto de Presupuesto de Egresos del SAT para el ejercicio fiscal del 2015, señaló el senador panista.
“Desde la entrada en vigor de la reforma fiscal de 2014, el SAT se enfrentó a diversos retos para la implementación del “Comprobante Fiscal Digital por Internet”. Implicaciones que derivaron desde fallas en el uso de la tecnología hasta la desinformación de los contribuyentes”, dijo el senador panista al hacer uso de la tribuna.
Ante esta problemática, el SAT publicó en su página de Internet un “criterio no vinculativo” que plantea que la factura electrónica sea entregada al contribuyente sin necesidad de que realice una gestión adicional como ingresar a un portal electrónico.
Por ello, el senador por Sonora consideró necesario establecer que el contribuyente emisor no cumple con su obligación de expedir el comprobante fiscal cuando sólo ponga a disposición del cliente una página electrónica o un medio por el cual lo invita a que, por su cuenta, proporcione sus datos para poder obtener el documento.
Además, cuando un proveedor o prestador de servicios no haga la entrega de la factura electrónica al contribuyente, el SAT está facultado para imponerle multa que va de los 12 mil 70 pesos a los 69 mil pesos y, en caso de reincidencia, las autoridades fiscales podrán, adicionalmente, clausurar preventivamente el establecimiento del contribuyente por un plazo de tres a 15 días.
De aprobarse la iniciativa, destacó el legislador por Acción Nacional, “se garantizará que los contribuyentes reciban comprobantes fiscales; se logrará una reducción de costos de operación para el SAT que se traducirá en ahorros presupuestarios, y se la obtendrá la simplificación en procesos contables en materia fiscal, por lo que será más fácil para los contribuyentes dar cumplimiento con sus obligaciones fiscales”.
La propuesta presentada en el Pleno de la Cámara Alta fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda para su análisis y dictaminación.