Es necesario que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), fortalezca las medidas contra el robo de electricidad en todo el país, porque se estima que hay más de 90 mil conexiones irregulares en viviendas y negocios de la zona centro, señaló el diputado Arturo Ramírez Bucio.
Añadió que el impacto económico del robo de energía en la región centro, o “subsidio” ilegal del 100 por ciento para algunas viviendas y negocios de dicha región, asciende a más de 13 mil millones de pesos.
Dijo que cálculos conservadores revelan que una tercera parte de la energía que suministra la CFE en la zona centro del país se pierde, mientras que en los estados restantes es del 11 por ciento. Es decir, las pérdidas en la zona centro han llegado a ser de tres y hasta cuatro veces mayores a las de otras regiones.
Se requiere que la paraestatal entregue al Congreso de la Unión un análisis sobre los impactos financieros derivados del robo de electricidad, así como un informe en el que se enlisten a los actores políticos específicos que motivan que algunos usuarios no paguen.
En el documento, el secretario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social menciona que desde que la CFE tomó el control de la región centro del país, la facturación creció de 6 mil 209 millones de pesos en 2009 a 41 mil 996 millones de pesos en 2010, es decir cerca del 700 por ciento.
Refiere que otro foco rojo en materia de robo de energía eléctrica se da en Tabasco. Donde según la CFE existen pérdidas superiores a los 2,275 millones de pesos, ya que el 67 por ciento de sus clientes no paga por el servicio de energía eléctrica desde 1995.
Con base en información de la CFE, la empresa deja de percibir anualmente 264 millones de pesos por el robo de luz y por simplemente no pagar el servicio. Tan sólo en Villahermosa, Tabasco, hay 80 mil viviendas que reciben energía eléctrica, pero no la pagan.
Ramírez Bucio resalta que dicha situación lastima a todos los mexicanos y pone en alta vulnerabilidad la estabilidad financiera de la CFE, ya que la paraestatal y la sociedad en general “no podemos ni debemos absorber el consumo de energía eléctrica por parte de estos sectores de la población”.
En la propuesta se indica que el robo de energía eléctrica es un problema de preocupante magnitud económica, pues representa onerosos costos adicionales que son pagados directamente por los usuarios, vía tarifas, o indirectamente por los contribuyentes, vía impuestos y profundizado por los subsidios al sector.
De ahí, la importancia de que el ejecutivo, a través de la Comisión Federal de Electricidad, fortalezca las medidas para evitar y desincentivar el robo de electricidad en todo el país.