Las Comisiones de Reforma Agraria y de Justicia del Senado de la República, presididas por Francisco García Cabeza de Vaca y Roberto Gil Zuarth, acordaron solicitar al Pleno del Tribunal Superior Agrario un informe sobre la situación jurídica que guarda la presidencia de dicho Tribunal.
Durante la reunión de trabajo de las comisiones unidas donde se llevaron a cabo las comparecencias de magistrados agrarios en proceso de ratificación y candidatos a magistrados del Tribunal Superior Agrario, se acordó además requerir a los integrantes del Pleno presenten un informe ante dichas comisiones tras la controversia generada por el litigio promovido por el actual presidente Marco Vinicio Martínez Guerrero.
El artículo 13 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, dispone que el retiro de los magistrados se producirá al cumplir setenta y cinco años de edad, situación en la que se encuentra el actual magistrado presidente Vinicio Martínez, quien ha superado la edad establecida para ejercer el cargo de Magistrado.
Sin embargo promovió un amparo para evitar ser removido y se desconocen los alcances de la suspensión preventiva otorgada por el Juzgado Primero de Distrito del estado de Morelos.
Los integrantes de las Comisiones Unidas que suscriben el Acuerdo, explicaron la responsabilidad que el Senado de la República debe cumplir de conformidad a lo establecido en los artículos 27 fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15,16 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.
Al Senado corresponde conocer y resolver en quienes recae el nombramiento sobre los candidatos propuestos del Ejecutivo Federal, o en su caso, de ratificar o no a los magistrados agrarios.
Las Comisiones Unidas de Reforma Agraria y de Justicia tienen pendiente además de dictaminar la reposición de procedimiento para ratificar o no a dos Magistrados Agrarios, la decisión de nombrar a un magistrado Numerario del Tribunal Superior Agrario y cuatro vacantes de tribunales unitarios agrarios de una lista de candidatos propuestos por el Ejecutivo Federal.