Los cambios a la Ley General de Salud establece sanciones de 6 a 17 años de prisión y multa por el equivalente de ocho mil a 17 mil días de salario mínimo al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos.
De igual forma, se implementa que los comités internos de trasplantes de los establecimientos que realizan estas actividades, sean responsables del proceso de asignación, distribución y trasplante de órganos, tejidos y células.
Lo anterior, en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes y deberán contar con un coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos.
El senador panista Ernesto Saro Boardman informó que la lista de personas que esperan la donación de órganos crece constantemente y “lamentablemente con los problemas de diabetes” se incrementaron los problemas renales, por lo que hay miles de personas esperando un riñón.
Por ello, enfatizó el presidente de la Comisión de Salud, las modificaciones garantizarán, por ley el aumento de órganos para cubrir la demanda y permitirán implementar una campaña permanente para concientizar y promover la donación de éstos.