*Acusan panistas
Al segundo trimestre del presente año, el monto de la deuda pública que Enrique Peña Nieto heredó a los habitantes del Estado de México fue de 54 mil 937.2 millones de pesos, en la que se incluye la contratación de cuatro Proyectos de Prestación de Servicios con plazos de hasta 25 años, reveló el senador Ramón Galindo Noriega.
El legislador panista externó su asombro porque este endeudamiento es superior en dos mil 774.8 millones de pesos a las obligaciones que tiene contratadas el Gobierno del Distrito Federal (52 mil 162.4 millones de pesos).
Cuestionó las “estrategias” a las que recurren los gobernadores con tal de aparentar que son “administradores eficientes” del dinero propiedad del pueblo, sin importarles el engaño, la manipulación u ocultamiento de información en que incurren.
De acuerdo con un análisis del comportamiento de la deuda pública del gobierno del Estado de México, a junio pasado el saldo fue de 37 mil 731.2 millones de pesos, misma que, conforme al artículo 259 del Código Financiero de esa entidad, contempla no solo los compromisos estatales con acreedores, sino también de los organismos estatales y municipales.
Ramón Galindo explicó que mientras la deuda pública estatal al segundo trimestre pasado fue de 28 mil 513.4 millones de pesos, equivalente al 75.6 por ciento del total; la deuda de los organismos estatales fue de cuatro mil 64.6 millones de pesos; en tanto que la deuda pública municipal sin aval fue de cinco mil 152.6 millones de pesos.
En cuanto a la contratación que el gobierno del Estado de México realizó durante el ejercicio presupuestal 2009 de cuatro Proyectos de Prestación de Servicios (PPS), el monto equivale a 17 mil 206 millones de pesos con plazos a pagar hasta por 25 años.
Cabe destacar que a partir de 1992, en el Reino Unido se comenzó a desarrollar la Iniciativa de Financiamiento Privado (PFI), un esquema de inversión en el cual se asocian el sector público y privado.
En el caso de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se desarrolló una nueva modalidad de participación pública-privada, en la cual un inversionista privado diseña, construye, financia y opera infraestructura de apoyo para prestar diversos servicios a las dependencias y entidades del sector público.
Se suscribe un contrato de largo plazo en el cual se definen servicios, sus niveles de calidad, estándares de desempeño y mecanismos de deducciones de pago. A cambio de estos servicios el inversionista proveedor recibe un pago, el cual el Gobierno federal registra como gasto corriente y tiene prioridad en el proceso de presupuestación.
Fue así como el gobierno de Peña Nieto adquirió cuatro Proyectos de Prestación de Servicios.