El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia Villanueva, afirmó ante senadores que la seguridad pública es un tema que requiere ser atendido “con la mayor urgencia”, pues en los últimos seis años aumentó de manera considerable el número de víctimas de la violencia y de los que han sufrido diversos agravios por actos y omisiones a cargo de diversos servidores públicos.
Lo anterior, precisó el funcionario, implicó un incremento sustancial de las violaciones a los derechos humanos, principalmente por actos de tortura, detenciones arbitrarias, cateos ilegales, desaparición forzada y privaciones arbitrarias de la vida.
Señaló que no se pueden desconocer factores como la presencia cada vez más activa de la delincuencia organizada, pero tampoco “se puede dejar de lado la poca eficiencia de las fuerzas policiales en la prevención del delito y de la procuración de justicia”.
En este escenario insistió a la Comisión de Derechos Humanos del Senado en la necesidad de citar a comparecer al secretario de Seguridad Pública, Genero García Luna, a fin de que explique los motivos para no aceptar tres recomendaciones de manera consecutiva sobre casos de torturas y desapariciones forzadas “que fueron abiertamente rechazadas”.
Además, dijo, se requiere que dé cuenta de “los nulos avances sobre el deslinde de responsabilidades ante violaciones graves de derechos humanos que se acreditaron en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero”.
Expresó que “la policía, para ser efectiva, debe ser la primera en respetar la ley y una corporación policial o de seguridad pública que presenta recurrentes graves fallas es una corporación que no sólo no realiza el trabajo para el cual fue diseñada sino que además alimenta y fomenta el crecimiento de los grupos criminales y se vuele al final de cuentas generadora de violencia”.
En su exposición, Plascencia Villanueva dijo que la Comisión Nacional registró de 2005 a la fecha 34 mil 385 quejas, concentradas en cateos ilegales, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, ejecuciones y tortura, contra servidores públicos adscritos a las áreas encargadas de seguridad pública federal, cifra que representa un incremento del 84 por ciento en los últimos tres años.
Destacó que en los últimos seis años, 46 mil 15 personas fueron ejecutadas y existen 15 mil 921 cadáveres no identificados, así como mil 421 cuerpos inhumados en fosas clandestinas, por lo que de 2005 a la fecha se han emitido 45 recomendaciones vinculadas con el tema o con atentados al derecho a la vida de las personas.
Por otra parte, de enero de 2005 a julio de este año, agregó, la CNDH recibió un total de cinco mil 568 quejas en la que se imputó a la autoridad el incumplimiento de las formalidades en la emisión de órdenes de cateo o durante la ejecución de estos, así como de visitas domiciliarias.
Subrayó que actualmente se investigan dos mil 126 casos por desaparición forzada, hay 24 mil 91 personas reportadas como extraviadas o no localizables y nueve mil quejas en torno a dicha problemática.
También resaltó que cuando parecía que se erradicaría la tortura en nuestro país, ésta también creció “de forma exponencial” y el número de quejas por este delito ascendió de una por tortura y 436 por tratos crueles, inhumanos o degradantes en 2005 a dos mil 40 quejas en 2011.
Además, dijo, existen cinco mil 202 víctimas de femenicidios en 27 entidades de la República, por el fracaso de las políticas públicas y las instancia que se crearon para prevenir e investigar este lacerante fenómeno y el sistema penitenciario atraviesa una crisis severa que tiene entre sus principales causas la falta de un política pública integral y articulada.
Consideró que el Estado debe hacer un esfuerzo para que las víctimas del abuso de poder encuentren la manera de recibir una justa reparación de daño y abatir el 99 por ciento de impunidad que priva en materia de persecución de los delitos.