Con el fin de infraccionar a los prestadores de servicios educativos que difundan en los centros escolares, públicos o privados, la enseñanza de cultos y creencias religiosas, el diputado Jorge Romero Romero propuso reformas a la Ley General de Educación.
El diputado resaltó la importancia de cumplir con el carácter laico de la educación, así como el de reafirmar el principio fundamental de libertad de conciencia y pensamiento.
La iniciativa, que reforma el artículo 75 de la Ley General de Educación, señala que la educación privada, en comparación con el total nacional, representa cerca del 20 por ciento y ejerce una influencia considerable en la formación de algunos sectores sociales.
“Se pretende hacer explícita en la legislación secundaria la facultad de la autoridad para poder sancionar la falta de observancia a la disposición constitucional sobre la educación laica”.
Menciona que las escuelas privadas se distinguen por dirigirse a los sectores económicos privilegiados, desarrollar métodos educativos autónomos, aunque, advierte, algunas instituciones han tergiversado el objeto de la educación observándolo como un mero negocio y de promoción religiosa.
“El régimen establecido por nuestra Carta Magna fue reformado, pero hubo una laguna legal al permitir que las escuelas particulares de educación tengan la posibilidad de desempeñarse con bastante autonomía en sus principios, valores, métodos y funcionamiento, sobre todo en cuanto a la enseñanza de diversas doctrinas religiosas”.
Explica que las instituciones que imparten educación con inclinaciones religiosas forman parte del sistema educativo nacional, por lo que se violenta la impersonalidad de la ley, ya que no cumplen con el carácter laico de la educación.
“Ninguna religión particular, ninguna confesión ni secta puede imponerse a todos en nombre de la democracia, a través de la formación educativa pública o privada”.