Es urgente que el Senado de la República instale un “grupo de trabajo del más alto nivel” encargado de dictaminar las iniciativas que se han presentado respecto a la protección de periodistas, pues debemos ponerle “un alto” a las agresiones de las que son víctimas los comunicadores, como el reciente caso de las colaboradoras de la revista Contralínea, Marcela Yarce y Rocío González, afirmó el senador Carlos Sotelo García.
El vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PRD comentó que en la Cámara Alta hay muchas propuestas enfocadas a la defensa y protección de los derechos humanos de los periodistas, garantizar que las agresiones contra este gremio sean consideradas delitos federales y propiciar la autonomía del Ministerio Público.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado criticó que estas iniciativas estén bloqueadas en el Congreso, pues “los (partidos) que son mayoría en las Cámaras son los que impiden que los procesos legislativos caminen, avancen, se dictaminen y se puedan aprobar”.
Afirmó que algunos funcionarios de los tres niveles de gobierno “visualizan al periodista, más al que critica y al que cuestiona, como enemigo, como personaje a vencer, a derrotar, a enfrentar. Cuando hemos hablado de la protección a periodistas y ahora, vinculado a ello, a defensores de derechos humanos, muchos políticos dicen: cómo les vamos a dar más armas y protección, si así como están cómo nos tienen”.
Esta manera de pensar de algunos políticos, aseguró, es una causa de que el periodismo sea una profesión de alto riesgo en nuestro país, ya que muchos delitos permanecen impunes y “al no resolverse los crímenes, es una invitación para que esto pueda seguir sucediendo, porque finalmente no se castiga” a los responsables de las agresiones a los comunicadores.
Por otro lado, dijo que a través de la asignación de publicidad gubernamental se controla a los medios de comunicación.
El legislador colimense señaló que en México “cualquier periodista está expuesto a ser agredido, a ser lastimado o en el extremo a ser asesinado, no solamente por la violencia criminal, porque, hipócritamente, el gobierno federal, los responsables de la Procuraduría General de la República, afirman, dentro y fuera del país, que la responsabilidad de la situación frágil del periodismo tiene que ver con la violencia criminal de la delincuencia organizada.
Eso es cierto pero también hay una violencia institucional, gubernamental, presupuestal, que genera un ambiente y un caldo de cultivo para hacer posible esto que, lamentablemente, hoy agrega a dos mujeres (Marcela Yarce y Rocío González) a una larga lista de periodistas y reporteros asesinados”, concluyó.