“Con el pretexto de la eufemísticamente llamada lucha contra el narcotráfico se contrata a personal de seguridad pública bajo procedimientos de control de confianza no son idóneos, particularmente la prueba del polígrafo pues en muchas ocasiones quienes lo aplican son técnicos sin grado universitario que intentan determinar en un ambiente intimidatorio”.
Lo anterior, lo señaló así el diputado José Francisco Coronato Rodríguez, quien propuso que las evaluaciones y controles de confianza se basen en normas técnicas que garanticen la cientificidad y objetividad en los procesos, apegados a los derechos humanos.
El legislador indicó que en esa lucha contra el narcotráfico, el gobierno ha dado prioridad a la contratación de nuevos elementos, así como la evaluación para las fuerzas armadas y para los cuerpos de seguridad pública como la policía federal, sin embargo, al no hacerlo con medios calificados, ha erosionado el tejido social y se ha violentado el Estado de derecho.
“Con los resultados hasta ahora obtenidos, miles de verdaderos servidores públicos, por no haber acreditado el polígrafo, se ven ahora sin su fuente de empleo y de servicio e incluso boletinados a nivel nacional, y por el contrario, verdaderos hampones siguen delinquiendo amparados en un cargo público”, explicó.
El legislador indicó que la única certeza científica que se obtiene derivada del uso del polígrafo, es que arrojan datos sobre el grado de reacción psicofisiológica de los individuos las cuales son: cardiaca, galvánica de la piel y neumológica.
“Al poner énfasis en la practicidad con que deben desarrollarse las evaluaciones de control de confianza a los cuerpos policiacos de nuestro país, se ignoran las recomendaciones emitidas por los organismos nacionales e internacionales de los derechos humanos que descalifican completamente el uso de pruebas poco confiables o carentes de rigor científico en la evaluación”, aseguró.
Por lo anterior, Coronato Rodríguez señalo la necesidad impostergable de revisar a conciencia la manera de llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza que se aplican en las instituciones gubernamentales.