La Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la PGR, Nelly Montealegre Díaz, informó que debido a que la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no se empató con el Código Penal, ni con el Código de Procedimientos Penales, no se pudieron emitir medidas de protección a mujeres víctimas de violencia.
“Cuando teníamos a nivel federal la Ley, en donde teníamos mencionadas las órdenes de protección, no se podían aplicar porque no se hizo supletoria a la norma”, expuso.
Precisó que a causa de esta falta de supletoriedad, el Poder Judicial de la Federación, mediante vía de amparo, dejaba sin efecto las medidas de protección.
A su vez, la directora del Colectivo de Investigación, Desarrollo y Educación entre Mujeres, Mayela García Ramírez, dijo que es necesario un registro de la aceptación y negación de solicitudes de órdenes de protección.
“Debemos ampliar las órdenes de protección a otros ámbitos y no sólo a la violencia familiar o de pareja; (las indagatorias) deben ser de oficio”, enfatizó.
Del Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio, Yuridia Rodríguez Estrada, informó que de 58 mil casos de violencia de género, en 16 estados, sólo al 7 por ciento se le otorgó órdenes de protección, pero no pasaban de ser apercibimientos a victimarios”.
Expresó que los gobiernos toman como golpes políticos las denuncias por desapariciones de niñas y jóvenes, mientras “la falta de órdenes de protección ha ocasionado la muerte de mujeres”.
La presidenta Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Perla Gómez Gallardo, propuso redefinir el concepto de violencia familiar. “Muchas veces queda acotada hacia la pareja, el esposo o el concubino, pero se deja afuera al tío, al abuelo o al primo”.
La especialista en Estadística y Políticas de Igualdad de Género de ONU Mujeres, María de la Paz López Barajas, destacó que nuestro país no cuenta con registros exactos para conocer el número de feminicidios que se cometen.
“Sin órdenes de protección en lo concreto, tampoco hay un registro de ellas”, enfatizó.
Abundó que para la implementación adecuada de la ley es necesario un sistema de información que permita diagnosticar de manera local lo que ocurre y asignar los recursos necesarios.
La directora de Vereda Themis, Julia Pérez Cervera, aseguró que se necesita un sistema de rehabilitación de victimarios en donde haya mecanismos para que esas personas asistan a terapia después de su trabajo y convivan con personal especializado.
Esto, subrayó, sería más barato para el Estado que los refugios para las mujeres que, dijo, no resuelven el problema porque siguen estando en riesgo.
La directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, Teresa del Carmen Incháustegui Romero, sugirió “bombardear al país” con la idea de que la violencia no es algo natural ni tolerable.
“Urgimos de una detección oportuna de la violencia y no sólo capacitar a las autoridades y jueces”, concluyó.