Con la reforma al artículo 24, la Constitución política de México reconoce la libertad de religión como un derecho de todas las personas, creyentes o no, así como la de dejar de tenerla o cambiarla.
Cabe señalar que esta modificación constitucional no tuvo el apoyo de todos los legisladores, pues la mayoría de los perredistas se opuso y la votación final fue de 199 a favor, 58 en contra y tres abstenciones, de un total de 500 legisladores federales.
Y es que el cambio a dicho artículo establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado, libertad que incluye el derecho a participar individual y colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos de culto respectivo, siempre y cuando no constituyan un delito o falta penados por la ley.
Se precisa que nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. Además, los actos religiosos de culto público se celebrarán ordinariamente en los templos, y los que extraordinariamente se celebren fuera de éstos se sujetarán a ley reglamentaria.
En el documento se menciona que la reforma reconoce la libertad de religión conforme a los tratados de derechos humanos vigentes en México, que comprende manifestar la religión en forma individual o colectiva, en público o en privado.
Se indica que todo Estado laico, por su carácter de imparcialidad, debe considerar la libertad de religión, pues no hacerlo en los términos que se pactó en los tratados internacionales, revela la actitud de un Estado anticlerical por definición, circunstancia que lo aleja de su laicidad.
Al fundamentar el dictamen, el diputado panista Carlos Alberto Pérez Cuevas propuso reformas para sustituir el término de “libertad religiosa” por “libertad de religión”; la eliminación de la figura de “individuo” por la de “persona”, y la inclusión de diversos párrafos, mismas que fueron aceptadas.
Subrayó que el dictamen permitirá reconocer en la Constitución lo dispuesto por los tratados internacionales, al adecuar el texto constitucional con el derecho de los individuos en cuanto a su religión o convicciones, “aspectos que deben ser reconocidos y aceptados por el Estado”.
Dicha situación, afirmó, no se enfoca a ninguna religión en particular; aquellos que no profesan alguna se verán beneficiados con este derecho de creer o no; de ejercer dicha creencia públicamente sin ser víctima de opresión o discriminación, siempre y cuando no constituyan un delito o falta penados por la ley.
En los posicionamientos, el diputado priísta Felipe Solís Acero destacó que en el dictamen no hay alguna afectación ni al derecho de quienes quieren creer y profesar una religión, ni al de aquellos que quieren cambiar, ni tampoco a quienes han preferido mantenerse en el agnosticismo.
Propuso reintegrar la redacción literal actual vigente del párrafo tercero del artículo 24, que limita el ejercicio del culto público a los templos destinados para ello, dando atribuciones a las autoridades competentes.
“No hay otra razón que esté detrás de este proyecto de reforma, salvo la necesidad de cumplir lo que está establecido en el párrafo primero del artículo primero de la Constitución y el artículo 12 del Pacto de San José, que nos obliga a mantener y reconocer en las normas constitucionales la libertad de conciencia”, enfatizó.
Pero el diputado del Partido del Trabajo Jaime Fernando Cárdenas Gracia, dijo que su fracción no puede aceptar esta modificación, porque “no se tiene otro propósito más que realizar un guiño y enviar un mensaje a la iglesia católica por el PRI y el PAN; estamos en un proceso electoral y les conviene quedar bien con los poderes fácticos”.
Consideró que se ha buscado atropellar los trámites parlamentarios y se corre el riesgo de generar mayor presencia de las religiones en radio y televisión, ya que se le otorgarían concesiones.
“La reforma violenta el Estado laico, porque no hay plano de igualdad entre las iglesias y las posturas filosóficas”.
El perredista Agustín Guerreo Castillo dijo que la reforma tendría que haberse discutido con tiempo y realizar consultas a instituciones, porque es una cuestión que motiva polémica y pasión, ya que “cada paso que avancen las iglesias es un avance en contra del Estado laico”.