El procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, afirmó que se mantendrá el aseguramiento de la empresa Oceanografía y actuará con toda seriedad. “Se llegará hasta donde sea necesario, detendremos a quien sea culpable, tengan la certeza, esté donde esté”, garantizó a diputados federales.
Sostuvo que la respuesta más contundente al pueblo de México fue el aseguramiento de la naviera, y aclaró que no se detuvieron para hacerlo en el momento en que tuvieron la primera certeza; “inmediatamente aseguramos”, dijo.
Al contestar las preguntas de los diputados en la primera ronda, Murillo Karam se comprometió a “investigar y analizar” todo lo que los legisladores han dicho de la empresa, y precisó que “tan afecta el interés público que inmediatamente intervino la Procuraduría y cerró la empresa”.
Afirmó: “estoy en la mejor disposición, cuantas veces quieran, de estar aquí a rendirles cuentas y darles respuestas concretas”, ante los integrantes de las comisiones ordinarias de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de las especiales de la Cuenca de Burgos y de la de Prevención Conservación y en su caso Restauración del Medio Ambiente.
Aseveró que no se oculta información, pero se tiene la cautela de reservarla para no afectar a inocentes, porque la averiguación está en proceso, y los hechos que tienen que ver con el delito, “los hemos expuesto con toda claridad”, indicó.
El Procurador sostuvo que nunca refirió que este caso era una cacería de brujas. “Alguien me lo atribuyó, y no lo he hecho porque no tengo por qué hacerlo, la primera razón es precisamente porque actuando con la seriedad que hemos actuado en este asunto, no hemos dado un solo nombre. Lo daremos cuando tengan órdenes de aprehensión y entonces ustedes conocerán si somos o no efectivos”.
Precisó que la Procuraduría actúa con seriedad, no busca ni ve colores, no busca ni ve consignas. Destacó que al frente de la institución busca su concepto de justicia, en el cual “hay que detener a los culpables, pero también no permitir que los inocentes sean afectados”.
Indicó que las aprehensiones que ha habido en el periodo en que ha sido procurador ha dejado plenamente sentado que “no veo colores; quienes han sido detenidos forman parte de todos los partidos y que no están detenidos por ser parte de ningún partido, sino por haber cometido conductas que están tipificadas como delitos en la ley, y eso es sólo lo que ve el procurador”.
Sostuvo que no va a actuar en función de un rumor o de una denuncia infundada, sino de hechos concretos que, como Ministerio Público, precisen una afectación a la sociedad.
“Y en este caso y en todos los demás actuaremos hasta el final, viendo quién es el responsable, no de dónde viene, no con quién está aliado, no a quién pertenece”, insistió.
El titular de la PGR señaló, en cuanto a los cuestionamientos sobre las facturas falsas, que no las hay. “Lo que se falsificó fueron las estimaciones que hacen los contratistas, en una especie de factoraje, ya que las instituciones crediticias les prestan 40 o 50 días, lo que se tarda el trámite de pago, es como se maneja esto. Pero son partes, no son facturas”.
Refirió que cuando el Citibank se da cuenta y comunica a PEMEX la cantidad de estimaciones que tiene. La paraestatal las evalúa inmediatamente y le informa cuántas son ciertas y define el plazo para pagarlas. Alrededor de 200 millones de dólares era el valor de las auténticas y otro tanto todavía no es cuantificado.
A otros cuestionamientos de los diputados, el director general de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, dijo que de acuerdo a la averiguación previa que la Secretaria de la Función Pública y la PGR realizaron respecto a la empresa Oceanografía, la paraestatal se ha dado a la tarea de coadyuvar con la autoridad ministerial federal, a fin de deslindar responsabilidades administrativas o penales.
“Petróleos Mexicanos seguirá proporcionando la información que sea requerida por las autoridades para coadyuvar en la procuración de justicia”, apuntó.
Informó que PEMEX no puede depender de la concentración de una sola empresa, por lo que, como parte de este proceso, se creó la nueva Dirección Corporativa de Adquisiciones, la cual deberá cuidar que los proveedores tengan solidez financiera, adecuada para sus compromisos y evitar las concentraciones que impliquen riesgos operativos como los que Oceanografía le causó a Petróleos Mexicanos.
Destacó que de acuerdo con un análisis realizado por la paraestatal, se concluyó que había una recurrencia en los atrasos y mal desempeño por parte de Oceanografía, por lo que le fincaron penalizaciones, además de que otorgó fianzas por debajo de lo estipulado en la ley de contrataciones, lo cual derivó en la inhabilitación de futuros contratos.
Si PEMEX no hubiese actuado, dijo, el fraude hubiera sido mayor. “Desde que inició esta administración nos hemos avocado a una revisión exhaustiva en los procesos de la empresa para que haya un control interno adecuado de nuestras operaciones”, afirmó.
En cuanto a los empleos de Oceanografía, anunció que PEMEX velará por que éstos se preserven, ya sea a través de la prestación de servicios de la misma u otras que la sustituyan.
Precisó que el reto operativo ante la problemática de Oceanografía, la enfrentarán a partir de la oportuna intervención de la PGR y del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).
Lozoya Austin detalló que respecto al plan para combatir el déficit de gasolina y diesel ultra bajo en azufre, en los siguientes dos años estarán listos con plantas de elaboración de las primeras en las distintas refinerías; en tanto que las de diesel, esperan que concluyan en el 2017.
“La importancia de las leyes secundarias es fundamental. El espíritu de esta reforma constitucional fortalece a PEMEX, y apelaría a que esta soberanía de mayor autonomía presupuestal, de gestión y un nuevo régimen para la paraestatal, a fin de que genere mejores resultados”, agregó.
La diputada Irazema González Martínez Olivares (PRI) destacó la importancia de garantizar las condiciones de transparencia que afiance la rectoría del Estado sobre el sector y la política energética. Dijo que el objetivo central de la reforma es construir un modelo para la modernización de la industria energética, crear condiciones jurídicas y regulatorias para desarrollar el potencial energético y hacer del sector un motor de crecimiento sostenido y sustentable.
Preguntó cómo se implementará la reinserción de Oceanografía en PEMEX para no perder sus activos dentro de la estructura. “Me refiero no solamente a los activos materiales, sino también a los recursos humanos”, indicó.
El diputado Carlos Fernando Angulo Parra (PAN) manifestó su preocupación por el tema de financiamiento de un banco subsidiario de la banca foránea, “asunto denunciado en el extranjero y a raíz de esto se vienen las pesquisas en México”.
Dijo que éste es un asunto de interés general que no debe ser reservado por motivos de la averiguación previa, por lo que solicitó información de cómo se estructuran estas operaciones.
Consideró que sin una colusión entre funcionarios del banco, de PEMEX y de Oceanografía “no pudo haber pasado esto”, pues, dijo, lo primero que hace una institución de crédito es verificar la veracidad de la fuente de pago, lo cual se lleva a cabo a través de sistemas que PEMEX tiene establecidos para garantizar que las operaciones son confiables.
Al participar, la diputada Claudia Elizabeth Bojórquez Javier (PRD) dijo que los hechos suscitados recientemente con la empresa Oceanografía son muestra de la administración y despilfarro con que han conducido a PEMEX, otorgando en las últimas administraciones 112 contratos por 49 mil millones de pesos a la mencionada empresa.
Añadió que la paraestatal en Campeche y Tabasco depende de los equipos y barcos que Oceanografía renta, por lo que preguntó cómo hará PEMEX para sustituir la flota que le presta servicio en mantenimiento, transporte, viviendas y apoyo.
Refirió que la Secretaría de Hacienda anunció que pagará a los trabajadores de Oceanografía los salarios que tenían pendientes. “¿Esto indica que el Estado nacionalizará o rescatará a esta empresa privada?”, cuestionó.
El diputado Ricardo Astudillo Suárez (PVEM) reiteró el planteamiento de su grupo parlamentario respecto a la Estrategia Nacional de Energía (ENE), donde el Ejecutivo federal propone un plan anticorrupción para castigar estos actos en el sector energético.
En consecuencia, solicitó a los funcionarios detallaran la forma en que PGR y la dirección de PEMEX harán cumplir la implementación de las políticas públicas que garanticen lo estipulado en la ENE, estrategia que calificó “muy alentadora”.
Por parte de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja hizo cuestionamientos respecto a la cantidad de contratos asignados a Oceanografía, siendo que ésta tenía procesos de inhabilitación, mostraba incumplimientos, multas y era inoperante.
Urgió a responder quién protegía a la empresa naviera “porque no solamente es un tema de favoritismos y tráfico de influencias, sino que, además, no hacían los trabajos”; con cuánto se multó a Oceanografía por cada incumplimiento; cuál fue el resultado final del contrato y cuál fue el destino final del dinero pagado a la empresa y que no aparece en sus finanzas.
Asimismo, solicitó a Murillo Karam hacer partícipe en las investigaciones a Mario Alberto Ávila Lizárraga, a Marco Antonio de la Peña Sánchez y a Sergio Aceves Borbolla, dada su responsabilidad en este caso. Preguntó además las razones de la salida de Carlos Morales Gil, ex director de PEMEX Exploración y Producción.
También cuestionó la asignación de contratos a OHL, empresa donde Lozoya Austin era consejero de administración antes de ser titular de PEMEX, además del congelamiento de la licitación de la segunda etapa del gasoducto Los Ramones, “que implica una cantidad millonaria de dólares”.
Del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar Gil pidió a Lozoya Austin expusiera el resultado del diagnóstico de PEMEX al asumir la Dirección. “¿Cómo no se dio cuenta de todas las irregularidades? y, peor aún, se asignaron seis contratos más a Oceanografía cuando no solamente tenía deudas con el IMSS y con el Infonavit, sino que además estaba mal calificada financieramente en Estados Unidos”.
Por otro lado, cuestionó lo que la PGR y PEMEX han hecho en relación con el caso de Mindy Kay McGilvrey, presuntamente involucrada con el Cártel del Golfo. Así también, puso en tela de juicio si el caso de Oceanografía no era una “cacería de brujas”.
Concluyó solicitando a Murillo Karam que aclarara si una vez terminadas las indagatorias en el caso, toda la información recopilada se hará pública, o si “será la política de este gobierno mantener la opacidad”.
El diputado José Angelino Caamal Mena (Nueva Alianza) pidió información respecto a las acciones que PEMEX planea implementar en lo económico, social y ambiental, para elevar sus resultados en las evaluaciones internacionales y estar en igualdad de condiciones de sustentabilidad y competitividad con las empresas petroleras extranjeras.
“¿Cuáles son la medidas concretas que PEMEX pretende implementar en las diferentes actividades, con el fin de ahorrar energía y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero?”, agregó.
Asimismo, pidió al titular de PEMEX refiriera la cantidad de empleados que trabajan en las instalaciones de Ciudad del Carmen, Campeche, y cuántos de éstos son originarios del estado, al igual que las acciones realizadas por la paraestatal para resarcir los efectos que tiene en los pobladores.
Solicitó datos respecto a la formación de especialistas y su contratación en los temas de investigación, explotación y tecnología en Petróleos Mexicanos, “para no seguir dependiendo de la tecnología extranjera y poder tener verdaderamente un sistema paraestatal firme, frente al escenario de globalización que hoy vivimos”.
Durante la última ronda de preguntas, el diputado Javier Treviño Cantú, del PRI, pidió al Procurador General de la República informe, hasta donde la cautela lo permita, cuál es el avance en las investigaciones, el resultado de las indagatorias, y el monto de lo hasta ahora defraudado, al erario público.
Además solicitó saber cuál es el grado de colaboración que existe entre la PGR y las autoridades penales y financieras de los Estados Unidos, y qué evidencias de otros delitos se han encontrado.
Por su parte, el diputado del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente requirió al titular de la paraestatal informe sobre los montos reales, acciones y tiempos, en que habrán de concretarse la reconfiguración de la refinería de Salamanca, la cual, indicó, “tiene un presupuesto que fue etiquetado por la Cámara de Diputados”.
Respecto del caso del supuesto fraude cometido por la empresa Oceanografía, el legislador dijo que no es claro cómo fue la operación para que a partir de estimaciones se le otorgaran créditos a esa empresa.
Por su parte, el diputado del PRD, Luis Espinosa Cházaro señaló que PEMEX ha sido objeto de corrupción, enriquecimiento ilícito, robos y ultrajes, muchos de ellos, aseguró, “promovidos por funcionarios de los más altos niveles”.
“El gobierno federal, y lo quiero decir con mucha claridad, sería cómplice si no señala y expone todos los casos de corrupción que han quebrantado y dañado el patrimonio nacional, así como los ingresos de las y los mexicanos”, subrayó.
El procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, dijo que, respecto a cuánto afecta al erario, apenas se recibieron las denuncias de Infonavit y Seguro Social para determinar si hay o no afectación y de que tamaño es.
En cuanto qué pasara con las averiguaciones previas, precisó que se están iniciando. “La gran interrogante de mi averiguación es cómo puede darse tanto dinero, y esa es la parte central, y la otra es dónde está el dinero y en eso estamos”.
Sobre cuándo se inició el fraude, explicó que no puede ponerle a las fechas cargo a nadie. “No creo que la corrupción sea patrimonio de ningún partido, de ningún grupo, de ninguna raza. Creo que hay un problema que hay que combatir, esté en donde esté, y que para buscar corrupción lo único que no se puede hacer es ser parcial o manejarse mediante consigna”.
Recalcó que desgraciadamente hay corrupción en todos lados. “Yo no culpo a ningún partido ni a ninguna administración, pero tengo la obligación de combatir la corrupción sin ver de dónde venga”.
Aclaró que es difícil para un procurador decir nombres porque cuando señala una responsabilidad tiene que hacerlo documentada en una averiguación previa, fundada, motivada, exactamente como lo dice la Constitución, “por eso no digo nombres y trato de no señalar a nadie que no sea yo capaz de documentar en una averiguación previa”.
Murillo Karam afirmó que la información es un bien público, “pero es gravísimo cuando un ciudadano en forma irresponsable es acusado o incorporado a un grupo de acusados cuando es inocente”.
“Creo que el papel del procurador no es solamente perseguir a la delincuencia, sino también garantizar que no se sancione a la inocencia y trato de hacerlo, ayúdenme a cumplirlo”, puntualizó.
El presidente de la Comisión de Energía, diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI), aclaró que las solicitudes de preguntas por escrito que se presenten, en los términos del artículo 93 de la Constitución Política, y 201, 202, 203 del Reglamento de la Cámara de Diputados, este órgano legislativo informara a la Junta de Coordinación Política para que defina lo conducente.
Asimismo, dijo, todos los diputados que se hayan quedado con preguntas en el tintero, se le harán llegar al procurador y al director general de PEMEX.
El titular de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, destacó que el día de hoy se ha comenzado un procedimiento administrativo en contra de Mario Alberto Ávila por haber firmado el 5 de diciembre un instrumento legal denominado “adenda”, no obstante que existía una causa legal que se lo impedía, ya que de acuerdo a la información contenida en su declaración de conclusión de encargo, éste terminaba el 30 de noviembre de 2012.
Mario Alberto Ávila suscribió el contrato 428237855 celebrado el 23 de octubre de 2007 con la empresa Oceanografía S.A. de C. V. en representación de PEMEX Exploración y Producción como subdirector de Mantenimiento y Logística de dicha subsidiaria, cuando debía abstenerse de ejercer las funciones de su cargo.
El director de PEMEX señaló que entre los accionistas de la empresa de Oceanografía se encuentran: Amador y Carlos Daniel Yáñez Osuna, Alberto Durante Martínez
El funcionario federal reiteró que la empresa que dirige no es la autoridad correspondiente para investigar cuándo iniciaron las operaciones fraudulentas de Oceanografía y aclaró que PEMEX hizo una investigación interna cuando dicha empresa no cumplió en tiempo y forma con los contratos.
También Lozoya Austin indicó que la paraestatal decidió realizar la modernización de la refinería de Salamanca con una inversión cercana a los 4 mil millones de dólares.