Ante la difusión de la gravedad que representa la proliferación de profesores falsos con que está inundado el sistema educativo de México, el presidente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, Jorge Federico de la Vega Membrillo, urgió a reforzar los mecanismos de seguridad en la expedición de certificados que avalen la educación de profesionistas y estudiantes, poniendo mayor énfasis en el nivel Medio Superior.
También considera pertinente perseguir de oficio la comisión del delito, “por lo que es menester no sólo evitar que se reproduzca la práctica, sino que se castigue a aquellos que han vulnerado la credibilidad de las instituciones académicas y del Estado”.
Por su parte, la diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez aseguró que en la actualidad esta problemática puede observarse en todo el país, tanto en bachilleratos, como en escuelas técnicas e instituciones de educación para adultos.
Denunció que en Tabasco, estado al que representa, se ha detectado en lo que va del año una cantidad considerable de certificados apócrifos expedidos por el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, vinculada a una franja de funcionarios de este órgano.
En ese mismo sentido, el diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal subrayó la situación en la Plaza de Santo Domingo del DF, frente a la cual se ubican las instalaciones de la SEP. “Se están falsificado títulos, cédulas y muchos otros documentos; eso quiere decir que no se está aplicando la ley y alguien ahí adentro que no está haciendo su trabajo”, sostuvo.
El diputado Fernando Cuéllar Reyes subrayó que los diputados son la representación del Poder Legislativo y, como tales, “debemos exigir a las autoridades que esto es un problema que afecta sensiblemente a la sociedad y a los profesionales. Es nuestra responsabilidad”.
Por su parte, el diputado Victor Reymundo Nájera Medina destacó que quienes han estado al frente de los planteles educativos, como fue su caso, conocen la gravedad de la problemática, pues es un abuso por parte de las bandas de falsificadores que ha durado muchos años.
“Estamos obligados a hacer nuestro el exhorto y a mejorarlo. La autoridad educativa tiene la obligación de certificar también los documentos de maestros y trabajadores educativos. Esto es algo que debió hacerse mucho tiempo atrás”, dijo.
El diputado Roberto López González agregó que quienes han tenido una labor educativa “somos responsables por no levantar una demanda a quienes presentan un certificado falso”.
Señaló que ante este ilícito, el primero en ser investigado es quien se beneficia de llevarlo a cabo, para eventualmente llegar a la fuente del delito.
En tanto, el diputado Arnoldo Ocho González coincidió con otros legisladores en que los exhortos representan una “práctica legislativa que no resuelve nada”, pues “sólo sirven para recordar la obligación y responsabilidad de los funcionarios del gobierno federal”.
Ante ello, los miembros de la comisión respaldaron una propuesta para sostener una reunión con autoridades de la Dirección General de Profesiones, de la SEP, con la finalidad de conocer los sistemas de seguridad que implementa en los certificados educativos, así como lo que hace respecto a las instituciones que han sido denunciadas de participar en el ilícito de falsificación de documentos.
Explicaron que esta dirección tiene entre sus labores detectar documentos falsos; no obstante, los candados de certificación que implementa “son ineficientes”, porque sólo toma una muestra del universo de certificados que circulan en el país, ante la imposibilidad de hacerlo con todos los existentes.
“Por ello es menester que explique cuáles son los mecanismos que posee para detectar la validez de los documentos, además de que los legisladores podemos hacer aportaciones durante los trabajos en conjunto”, concluyeron.