El procurador Fiscal de la Federación, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Javier Laynez Potisek, explicó que el lavado de dinero es un negocio que resulta sumamente difícil de identificar sin la colaboración de ciertos sectores preventivos, de los particulares o ciudadanos.
Los negocios a los que se recurre con mayor frecuencia para el lavado del dinero son los que por su naturaleza tienen un gran volumen de clientes anónimos, operaciones que pueden hacerse en efectivo y las que pueden cambiar de efectivo por bienes de fácil realización y por los que mantienen su valor en el mercado, como inmuebles, vehículos, relojes, joyas, obras de arte, antigüedades, piedras y metales preciosos, afirmó.
Por ello propone a los diputados una ley administrativa y que se tipifiquen algunas conductas; se identifican actividades vulnerables y regula la relación de los sujetos sensibles con la autoridad administrativa. No es una ley penal, pues no criminaliza; aunque trae tipos penales en la custodia de la información no entra en la ley penal.
Se sistematizan las obligaciones que tendrán estos sujetos de identificar al cliente y dar aviso a la autoridad administrativa; mantiene intacto el régimen para las instituciones financieras; evitará reportar sospechas como sí lo hacen en la actualidad las entidades financieras, agregó.
Laynez Potisek detalló que la reforma complementa el régimen de prevención en las entidades financieras y “los sujetos vulnerables van a ser quienes realizan concursos, sorteos o juegos con apuesta o emiten tarjetas de servicios, de crédito prepagadas, las instituciones que otorgan préstamos, comercializan inmuebles, compra y venta de metales y piedras preciosos, joyas, relojes y obras de arte”, apuntó.
Mencionó que se incluyen dos medidas: la restricción al uso de efectivo sólo en algunas operaciones de cuantía mayor y vinculada a ciertos bienes y servicios. Y segunda, el aviso de ciertas operaciones basadas en la propia ley a cargo de quienes realicen estas actividades vulnerables.
Enfatizó que la minuta propone la creación de una Unidad Especializada dentro de la Procuraduría General de la República, cuyo fin será coadyuvar o transformar un reporte financiero y una averiguación previa.