La Comisión de Igualdad de Género expresa su preocupación e indignación por los recientes casos en los que figuras públicas han protagonizado una serie de agravios en contra de las mujeres, que no han sido analizados desde una visión de género, violando los derechos humanos de las víctimas.
Lo anterior ha generado en la opinión pública la visión de que se trata de hechos aislados realizados por personajes de la vida pública, sin considerar la relación directa que existe entre la misoginia, la discriminación y la ignorancia de las leyes que rigen en nuestro país para atender, prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas.
Por ello, la Comisión de Igualdad de Género considera fundamental hacer un llamado a la sociedad en general, incluyendo los medios de comunicación, para realizar una profunda reflexión en torno a la impunidad con la que las autoridades y figuras públicas incumplen la legislación vigente que protege y garantiza los derechos humanos de las mujeres.
Consideramos preocupante hechos tan lamentables como:
1) El “tráfico de influencias” por parte del ex Ministro Genaro Góngora Pimentel para evadir su responsabilidad del pago de la pensión alimentaria y "dejarse llevar por sus sentimientos", como él mismo ha expresado públicamente, al enviar a la cárcel a la madre de sus dos hijos;
2) Las declaraciones del Arzobispo de la Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas menospreciando los casos de pederastia y mostrando un gran desprecio hacia las mujeres que abortan, a las que prefiere criminalizar desviando la atención de sus juicios, menospreciando el sufrimiento que ha provocado la Iglesia a seres humanos victimas del mayor delito cometido por sacerdotes católicos mexicanos ;
3) El caso de Gerardo Saade, nieto del actual Procurador General de la República quien como principal defensor de las y los mexicanos, viola la ley al solapar la comisión de varios delitos cometidos por el joven agresor, y al someter a Alexia Imaz, hija del director CISEN, a un proceso de conciliación para liberar de toda responsabilidad a su nieto por la violencia ejercida en contra de Alexia.
Los procesos de conciliación están expresamente prohibidos en el artículo 52 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, vigente en el país, el cual estipula que “La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor.”
Casos como estos demuestran que, en nuestro país, las leyes que protegen a las mujeres de la violencia de género son ignoradas lo que provoca que, culturalmente, la violencia se asuma como algo natural y, por lo tanto, tolerable.
Reiteramos que es insostenible que a pesar de que contamos con la Ley General y Leyes estatales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y con una reforma constitucional que prevé una mayor protección en materia de derechos humanos, las mujeres víctimas de violencia siguen siendo vulnerables ante un sistema de poder autoritario, que las discrimina, amenaza, revictimiza, sojuzga y obstruye su acceso a la justicia.
Por ello, advertimos que en nuestro país no habrá democracia mientras las mujeres sigamos siendo discriminadas y se utilice el cargo que ocupan algunos hombres en el poder para obstruir el acceso al ejercicio de nuestros derechos en condiciones de igualdad, en especial, nuestro derecho a una vida libre de violencias.
Quienes integramos la Comisión de Igualdad de Género hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles de gobierno a asumir, en el marco de sus competencias, la obligación de prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres, tal como lo establece la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará,1994) y sus correspondientes mecanismos de vigilancia, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Conminamos a las y los funcionarios públicos a incorporar en su gestión buenas prácticas que contribuyan a mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencia que garanticen su acceso a la justicia conforme al debido proceso y en condiciones de seguridad; particularmente, demandamos la erradicación de prácticas que las revictimizan, del tráfico de influencias y de los actos de corrupción.
La violencia en contra de las mujeres es un delito que no puede ni debe ser tolerado, sino investigado y sancionado.