Mientras la explotación laboral avanza
Guillermo Pimentel Balderas
Dirigentes de varias organizaciones campesinas del país se preguntan ¿dónde está Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo?, ante la explotación laboral que sufren jornaleros agrícolas mexicanos, especialmente los de San Quintín, en Baja California, que este sábado fueron reprimidos y heridos y otros más detenidos por la policía estatal, sólo por exigir sus derechos constitucionales y que se cumpla la Ley Federal del Trabajo.
Los líderes agrarios calificaron al Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida como un catálogo de buenas intenciones y ajenas a la realidad. Además de que aseguraron que la Ley Federal del Trabajo es letra muerta.
Luis Gómez Garay, secretario general de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, y Max Correa Hernández, Secretario General de la Central Campesina Cardenista, señalaron –por separado- lamentaron los hechos de violencia ocurridos el sábado pasado en San Quintín, Baja California, y donde resultaron decenas de jornaleros agrícolas heridos y otros detenidos por la policía estatal.
Gómez Garay, reprobó la inacción del Gobierno Federal para proteger los derechos laborales y sociales de los trabajadores agrícolas de esta zona y de todo el país. “Exigimos al Gobierno Federal atender de inmediato el reclamo de justicia laboral de los trabajadores agrícolas de San Quintín. El diálogo con sus representantes debe ser retomado y los resultados evidenciado ante la nación”, expuso.
El secretario general de la Unión General Obrera, Campesina y Popular, afirmó que mientras la explotación laboral se siga manteniendo contra los trabajadores agrícolas, la Ley Federal del Trabajo será letra muerta y las declaraciones del Secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, quedarán como un catálogo de buenas intenciones y ajenas a la realidad.
“Condenamos el uso de la fuerza pública del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid en contra de los Jornaleros Agrícolas de San Quintín, cuyo único delito ha sido reclamar los derechos laborales y sociales que la constitución les garantiza”, precisó.
En tanto, Max Correa, junto con los las oorganizaciones campesinas y jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, rechazaron los actos de violencia perpetrados el pasado sábado en contra de hombres, mujeres y niños jornaleros agrícolas de la región por parte de agro empresarios amparados por elementos policiacos del gobierno del estado y ratificaron el Boicot Internacional, en la Unión Americana, para evitar la compra de frutas, legumbres y hortalizas exportadas de esta región por la violación de derechos humanos y laborales que sufren los trabajadores en la siembra y cosecha de estos alimentos.
El Secretario General de la Central Campesina Cardenista y Fidel Sánchez Gabriel, Vocero del Movimiento de Jornaleros Agrícolas de San Quintín, quien se enlazó vía telefónica, exigieron al Gobierno Federal y estatal la atención inmediata de los más de 80 lesionados, la liberación de más de 14 detenidos el 17 de marzo a la fecha así como la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Ambos dirigentes acompañados de organizaciones campesinas como la UGOCP, MAIZ, FPFV y CNPA, lamentaron las expresiones de amenazas y cumplimiento de las mismas, como se mostró el pasado sábado, por parte del Subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava hacia el movimiento y específicamente hacia Fidel Sánchez Gabriel como uno de los líderes visibles del mismo.
Fidel Sánchez Gabriel, denunció públicamente que el Subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Mirada le llamó por teléfono el pasado 7 de mayo para anunciarle que no estaría en la negociación programada para el 8 de mayo bajo argumentos poco sólidos y al dejar en claro, el vocero de los jornaleros, que ese no era el acuerdo el funcionario de Estado advirtió: “Mira Fidel yo voy a llegar el miércoles -13 de mayo- y no hay vuelta de hoja, y si tu no lo aceptas va a llegar el día en que nos veamos de frente y tú no sabes quién soy yo”.
Sánchez Gabriel, detalló que los argumentos para evitar la reunión del pasado 8 de mayo por parte del funcionario antes citado fueron: …no tengo transporte, aún no están listos los balances del IMSS y de la STyPS sobre las violaciones laborales y no hay respuesta sobre el salario mínimo que se demanda.
Por lo anterior, Max Correa Hernández, líder de la CCC y Fidel Sánchez Gabriel, vocero de los jornaleros agrícolas responsabilizaron al gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, así como al Subsecretario de Gobernación y a los agroempresarios de la violencia recientemente registrada en la región apoyados por la fuerza pública con balas de goma, gases lacrimógenos y balas verdaderas en contra de jornaleros agrícolas.
Ante esta realidad, reiteraron el llamado al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que se atiendan las demandas de los inconformes, atención médica a los lesionados, no más represión y eliminación de las órdenes de aprehensión en contra de los cinco voceros del movimiento.
Precisaron que el boicot internacional se definirá entre el lunes y martes porque “estamos en el proceso de reunión con las organizaciones y sindicatos existentes en la Unión Americana para que apoyen el boicot”.
Este consistiría, explicó Fidel Sánchez: “en que organizaciones y sindicatos estarían concientizando a cada consumidor de Estados Unidos a que antes de que lleven un producto de San Quintín a su mesa, que se pregunten ¿si los trabajadores que estamos aquí en Baja California, estamos recibiendo un salario justo y digno? ¿Si estamos afiliados al IMSS, si tenemos las prestaciones de ley? ¿Que se pregunten y pregunten a las empresas que exportan a los Estado Unidos y de esta manera queremos invitarlos a que no consuman ningún producto del Valle de Quintín”?.
Responsabilizaron, finalmente, que los agroempresarios dueños de los ranchos: Rancho Seco, Rancho San Juanito, Rancho Berrymex, Rancho Camino Real, Rancho Agrovida, fueron los promotores de la violencia del pasado 9 de mayo en el estado de Baja California.