Durante la segunda mesa de Análisis de la Función Desarrollo Económico, el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, informó que se realizaron 229 revisiones a 47 entes públicos fiscalizados, lo que representó el 19.5 del total de auditorías.
Como resultado de esto, explicó, se generaron mil 387 observaciones que derivaron dos mil 22 acciones; 90 son denuncias de hechos y once multas.
Refirió que en el caso de Petróleos Mexicanos (PEMEX), se revisaron las áreas de tecnologías de la información y de comunicación, observándose que desde 2009 se efectuaron contrataciones por 883 millones de pesos para homologar y centralizar sus sistemas a través de un Sistema de Planeación de Recursos Gubernamentales; estos contratos se encuentran suspendidos desde hace más de un año.
En lo referente a Gas Natural, Manuel Portal mencionó que de 25 proyectos que dictaminó la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) durante 2012, sólo ocho fueron favorables y 17 tuvieron observaciones por viabilidad técnica y/o económica. “En la práctica, PEMEX no atiende dichas observaciones, lo que implica un riesgo de ejecutar proyectos que no son factibles de ser completados”, dijo.
Respecto de PEMEX Exploración y Producción, resaltó que ninguna de las superficies y presas afectadas por sus actividades han sido sujetas a remediación, ya que la entidad no realizó los estudios de los contaminantes presentes.
“Estos resultados indican la necesidad de una modificación estructural en el sector energético, ya que no está cubriendo adecuadamente la demanda nacional, presenta rezagos de control interno y sigue teniendo un impacto desde el punto de vista de conservación del ambiente”, señaló el auditor.
En lo que tiene que ver con infraestructura carretera, indicó que persisten las deficiencias en los proyectos lo cual incide en el incremento de costos y plazo de ejecución de los mismos, además que la fiscalización en materia de concesiones de autopistas evidenció que este esquema no ofrece las mejores condiciones de costo-beneficio para los usuarios, a causa de que no existe uniformidad en los criterios para establecer las tarifas de peaje.
“Hacia 2012 el avance en las metas de construcción y modernización previstas en el Programa Nacional de Infraestructura en la red libre de peaje fue sólo del 63.5 por ciento, mientras que en autopista de cuota fue de 22.3 por ciento.
En materia de servicios de transporte, las auditorías mostraron deficiencias en la inspección de operaciones y del cumplimiento de obligaciones de agentes privados que participan en actividades económicas de transporte, así como para sancionar y corregir fallas detectadas.
En el asunto del agua, en la evaluación realizada por la ASF se constató que los principios de política hídrica no se cumplen. Precisa que la Comisión Nacional del AGUA (Conagua) no dispuso de un sistema de registro que permita identificar a las personas físicas y morales que contaminaron los recursos hídricos, ni de quienes realizaron el pago de derechos por ese concepto.
En este sentido, se revisaron 95 contratos de obra pública en los que se autorizaron de forma indebida prórrogas para la terminación de los trabajos.
En lo relativo a desarrollo agropecuario, dijo que la SAGARPA no contó con un padrón único de beneficiarios de los 47 mil 934.1 millones de pesos que otorgó la secretaría para subsidios.
“Se determinó que tanto PROCAMPO, como PROGAN y el esquema en apoyo a la comercialización a cargo de la ASERCA carecieron de padrones confiables de receptores de estos beneficios, ni de indicadores para determinar el impacto de estos impactos”.
Por lo anterior, consideró, es conveniente que la SAGARPA realice una revisión integral de su política, así como de los esquemas de apoyos al campo.
En el análisis de los temas empresariales, el auditor explicó que durante 2012 la Secretaría de Economía careció de la documentación para acreditar la creación de mil 353 empresas por medio del Fondo PYME.
En su turno, el titular de la Unidad de Evaluación y Control, Alejandro Romero Gudiño, mencionó que se identificaron diversas áreas de oportunidad en el sector agropecuario y pesquero, comenzando por valorar que el otorgamiento de mayores recursos públicos considere los resultados de programas y proyectos, así como garantizar que los entes del sector identifiquen y cuantifiquen con precisión las poblaciones objetivo.
Asimismo, mejorar los indicadores de metas para medir el impacto de los apoyos a beneficiarios, evaluar los programas estratégicos con el propósito de corregir y mejorar sus alcances, plantear la reactivación del sector agropecuario mediante estrategias que reduzcan las disparidades regionales y se incorpore a los trabajadores al mercado en condiciones competitivas de empleo.
Además, priorizar la seguridad alimentaria en la defensa de los mercados agropecuarios para competir con las importaciones.
Respecto del sector de telecomunicaciones y transportes, dijo que debe evaluarse la procedencia del cobro del IVA en contraprestaciones establecidas en los títulos de concesión de vías generales a fin de dar certidumbre jurídica.
Incluir en la Ley de Caminos Puentes y Autotransporte Federal un capítulo en el que se establezcan los criterios para la determinación de las contraprestaciones que se deben pagar con motivo del otorgamiento de concesiones para construir, operar y mantener los tramos carreteros.
Además, expedir el reglamento de la Ley de Navegación y Comercio Marítimo y precisar que en los contratos entre dependencias y entidades de la administración pública federal se apliquen criterios de eficiencia, transparencia y honradez.
Sobre economía y trabajo, Romero Gudiño dijo que deben promoverse acciones para identificar a la población objetivo de los programas de apoyo empresarial para que puedan ser enfocados y se evite el desvío de recursos.
As u vez, el contador público Javier Pérez Saavedra, de la ASF, indicó que los recursos del Programa Nacional de Infraestructura se ejercen a través de dos conductos: uno es la Secretaría de Comunicaciones y el segundo es el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
Pero la preocupación es en el sentido de establecer mecanismos mínimos de control a las asignaciones a los recursos que se transfieren a este fondo.
El funcionario de la ASF, Alfonso García, mencionó que de la revisión que se realizó a los títulos de concesión se observaron algunas irregularidades y las principales fueron que se otorgaron prorrogas adicionales a los plazos establecidos en incumplimiento de la norma y las más frecuentes fueron que se autorizaron modificaciones a los títulos de concesión originales privilegiando los intereses de los concesionarios.
Por ello, dijo, se ha sugerido a la Cámara de Diputados adicionar a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal un capítulo en el que se establezcan los procedimientos y criterios para la determinación de las contraprestaciones inicial, fija y anual y por ingresos extraordinarios.
Establecer los criterios y supuestos con los que se justifique las autorizaciones de los plazos iniciales y de las prórrogas que se otorguen a los títulos de concesión.