Después de la crisis económica de 1982, asegura la investigadora María Teresa Sánchez Salazar, México experimentó la caída en los precios del petróleo y adquirió un gran endeudamiento. Para negociar esta deuda, el país tuvo que realizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y parte de este acuerdo consistió en la aplicación de políticas que garantizarían el crecimiento económico a través del libre mercado y se abrieron las puertas a la inversión extranjera.
A 30 años de la aplicación de estas políticas, Sánchez Salazar, investigadora del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), analiza cuáles han sido sus efectos en la industria petrolera en el periodo 1980-2012.
Y con el objetivo de comparar el antes y el después de la aplicación de estas políticas y lo que han significado para el país, creó dos mapas. En uno se refleja la infraestructura petrolera en sus diferentes etapas: exploración, extracción de hidrocarburos, refinación, petroquímica e instalaciones para la distribución de los productos de petróleo incluyendo puertos y ductos.
“El segundo mapa es el complemento del otro. En este se observan todos los porcentajes de la extracción, producción, exportación de gasolina, crudo y gas para registrar qué campos han redituado y cuáles no. Además se tomaron en cuenta las concesiones otorgadas a compañías privadas nacionales y extranjeras para la obtención de gas”.
Con estas dos herramientas se pueden ver claramente los cambios en la estructura petrolera que hubo en el periodo estudiado. “Se determinó que el máximo crecimiento que tuvo la industria fue precisamente antes de la crisis, pues las políticas del Estado estaban muy orientadas a apoyar todas las actividades económicas, y la industria petrolera fungía como la base para impulsar el desarrollo del resto de las industrias del país; estaba verticalmente integrada, esto quiere decir que las cadenas de producción estaban ligadas unas con otras para darle valor agregado a la producción”, explicó la integrante de la Academia Mexicana de Ciencias.
Antes de la crisis cada refinería contaba con grandes unidades petroquímicas que permitían la producción de 72 petroquímicos –desde luego con un precio mayor en el mercado que el crudo mismo- que se depuraban en las instalaciones de Pemex. En el periodo del presidente Miguel de la Madrid se redujeron a 36 y en los periodos siguientes (de los presidentes Carlos Salinas y Ernesto Zedillo) terminaron siendo primero 18 y por último solo 8 productos, describe la investigadora.
Después de la crisis, explica la especialista, todos los proyectos en construcción se detuvieron y el Estado decidió hacer de la industria petrolera su principal fuente de ingresos para pagar la deuda externa, tomó el 70% de las utilidades para ese fin y el 30% restante lo invirtió en exploración.
Esto provocó la creación del Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público, conocido como PIDIREGAS, por el cual se pidió un préstamo al extranjero para el mantenimiento de la infraestructura de Pemex.
“En el año 2000 la deuda de Pemex representaba el 80% de su patrimonio, en el sexenio de Vicente Fox la deuda representaba el 100%; toda esta carambola viene de un solo error: decidir que Pemex entregara al Estado cerca del 70% de sus ingresos por ventas”.
Los mapas también revelan el crecimiento de la infraestructura centrada en el aprovechamiento del gas, que desde 1990 fue abierto a la inversión privada. Ahora, de las 21 empresas que se encuentran extrayendo gas sólo cinco son mexicanas y 16 extranjeras.
“Estos mapas nos permiten observar que después del gobierno de José López Portillo no hubo una inversión para la creación de las refinerías que el país necesitaba. En ese sexenio se logró integrar a la industria y se impulsó la construcción de tres refinerías; mientras que en la época de Vicente Fox, cuando se registraron los precios más altos de petróleo -más de cien dólares el barril-, no hubo inversión alguna. Otro error fue no impulsar el desarrollo de la industria petroquímica ni la tecnología”.
María Teresa Sánchez Salazar sostiene, con base en los mapas, que la reciente aprobada Reforma Energética “es una falacia. Si abrimos completamente los campos a la inversión extranjera como ha pasado con el gas todo será para exportar y ¿qué nos quedará para abastecer el país?; por lo tanto seguiremos importando y los precios del gas y gasolina seguirán subiendo. La creación de empleos también es una mentira, pues cada compañía extranjera trae a su propio personal como sucede con las extractoras de gas Pajaritos y Cuenca de Burgos“.
Estos dos mapas forman parte de un atlas en donde se analizan los cambios en la estructura económica de México en el periodo de 1980-2012 y sus efectos sobre la población, un trabajo interdisciplinario entre la UNAM, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de Salamanca, España.
¿Qué ha pasado en el país en los últimos 30 años y cuáles han sido los efectos de las políticas aplicadas en México?, es una pregunta que podrá responderse con este atlas que pronto se publicará digitalmente en la página del Instituto de Geografía de la UNAM.