El intermediarismo en México es una actividad necesaria pero debe ser reglamentada para terminar con abusos, que en la mayoría de los casos lesiona los ingresos de los productores y los bolsillos de los consumidores finales, destacó el diputado Abraham Montes Alvarado, secretario de la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego.
En entrevista, indicó que mientras en Estados Unidos el intermediarismo es una profesión, en México es considerada una actividad casi ilícita, “un delito”.
Reconoció que este es un sector que existe y que realiza una función dentro de la cadena de comercialización de los productos agrícolas, por lo que es necesario reconocerlo y regularlo, para poner límites a los niveles de utilidad que obtiene.
En este sentido, señaló, se deben establecer derechos, pero también obligaciones fiscales por sus ganancias.
“Es necesario decirles: no puedes pagar menos a los productores ni tampoco subir los precios porque tenemos que cuidar a los consumidores. Si solo queremos seguirlos llamando coyotes eso no resuelve en nada la problemática. Mejor hay que reconocer la actividad que ya existe para poner control y otorgarles derechos, pero también obligaciones”, refirió.
Explicó que los intermediarios son aquellos negociantes que forman una cadena de compradores que, por ser tan amplia, variada y no estar reglamentada, llega a lesionar severamente los costos de producción y los bolsillos de los consumidores.
Los agricultores se quejan de que casi siempre por falta de financiamiento oportuno de parte de los sectores público y privado, se ven en la necesidad de aceptar la oferta de los intermediarios, que nunca les pagan el precio justo por sus cosechas, comentó el legislador.
Incluso, dijo, algunos intermediarios se aprovechan de la necesidad de los campesinos y compran su producción antes de que se haya hecho la cosecha, lo que a final de cuentas se hace inequitativo.
Añadió que cuando el mercado es afectado por el intemediarismo, el productor gana menos dinero, el consumidor final paga más por el producto y el gobierno federal pierde todos los recursos que invierte en los programas de apoyo al sector agrícola. “El único que obtiene utilidad es el intermediario”, dijo.
¿Por qué existen los intermediarios? Están, dijo, porque al retirarse el gobierno de las actividades de apoyo al sistema productivo, el espacio de negocio lo tomaron los particulares. “Al desaparecer la Conasupo, se meten”, indicó Montes Alvarado.
“Cuando existía la Conasupo no había estos particulares intermediarios, llamados comúnmente coyotes; cuando estaba Fertimex no había coyotes para vender el fertilizante; si estuviera la Productora Nacional de Semillas (Pronase), no habría coyotes que venden semilla. Pero existen y alguien tiene que efectuar la actividad, solo que queremos que sea en orden. Con obligaciones y derechos”, enfatizó.
“El que nos empeñemos en un pleito entre oferentes y demandantes, entre productores e intermediarios, entre intermediarios y consumidores finales, no nos conducirá a nada. Mejor le ponemos orden y eso significa reconocerlos, como a cualquier otra actividad profesional en el país”, explicó.
El diputado Abraham Montes Alvarado dijo que presentará una iniciativa para regular el intermediarismo. Incluso, añadió, se está en la negociación con el gobierno federal para que se presente una propuesta al Congreso como parte de las reglas secundarias en materia de comercialización.
Lo fundamental, concluyó, es reconocer que se trata de una actividad lícita.