El senador José Luis Máximo García Zalvidea resaltó la necesidad de aprobar la Ley General para la Protección de los Derechos Humanos en la Ejecución de Sanciones y Medidas Penales, misma que se encuentra en comisiones del Senado de la República y establece las garantías constitucionales de las personas que se encuentran en prisión.
El legislador por Quintana Roo explicó que esta iniciativa tiene el objetivo de que los jueces tengan una herramienta útil que les permita ejercer la ejecución de la sentencia y la supervisión minuciosa, “no sólo que correspondiera al juez sino a todas y cada una de las autoridades penitenciarias de este país, para que poco a poco vayamos siendo testigos de que vamos progresando en esta cultura de la defensa y promoción de los derechos humanos”.
Consideró que los centros de readaptación en México “deben dejar de ser considerados como un reservorio, un lugar de castigo desmesurado por cualquier falta que haya cometido la persona (…) El preso o la presa puede estar privada de su libertad de tránsito, sin embargo, tiene muchos otros derechos que deben ser respetados”.
En conferencia de prensa, acompañado por defensores de los derechos humanos, García Zalvidea indicó que la reforma penitenciaria ha sido uno de los grandes pendientes en la administración de justicia del país, por lo que grupos de colaboradores y miembros de la sociedad civil, entre ellos, Ricardo Sepúlveda Iguíniz, director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, se han unido en la construcción de dicha iniciativa.
Ello con el fin de “resolver los grandes problemas que agobian a las cárceles de nuestro país: la sobrepoblación, la violación constante de los derechos humanos más fundamentales de los presos; e incluso, condiciones de trabajo complicadas para los custodios”.
Por su parte, Ricardo Sepúlveda, Director del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, destacó que en el país no existe un marco legislativo penitenciario, es decir, “nos faltan leyes adecuadas para hacer frente a problemáticas y es claro que el tema de la inseguridad es como una cadena en donde cada uno de los eslabones si se rompe se pierde toda la eficacia y el último eslabón es precisamente el del sistema penitenciario”.
Señaló que “no se puede tener una verdadera estrategia de seguridad eficaz si no se tiene un sistema penitenciario adecuado”, por ello hizo un llamado para que la iniciativa se pueda dictaminar “y se dé cuenta entonces de este esfuerzo ciudadano, si no ¿qué le van a decir a la ciudadanía, a la sociedad que ha hecho este esfuerzo? ¿qué no hubo tiempo?
Guadalupe López Acosta, representante de Comisión de los Derechos Humanos, aseguró que en los centros penitenciarios se presentan actos de violación a las garantías de los internos, por lo que urgió a dictaminar la iniciativa que “prevé acciones para garantizar el respeto de los derechos humanos, y la actividad del juez de ejecución de sanciones penales, que es una figura novedosa, y que pueda dar cumplimiento cabal a esta reforma del sistema de justicia penal”.
Fernando Coronado Franco, Consultor de la Comisión de Derechos Humanos del DF, destacó la necesidad de “incluir en nuestro país la judicialización de los derechos de las personas presas, es un deber fundamental de toda democracia”.
Comentó que esta normatividad establece las bases del funcionamiento de los Órganos Jurisdiccionales en la ejecución de la pena, los derechos de las personas recluidas, “es un desarrollo de los derechos humanos fundamentales, bajo la condición de personas recluidas, de personas presas, de personas que están purgando una pena o personas que están privadas de la libertad en espera de una resolución judicial”.
Gonzalo Antonio Vergara Rojas, Magistrado en retiro, mencionó que esta iniciativa “es un reclamo de juzgadores que van aplicar esta ley”, pues añadió que en la fase ejecutiva se requiere “fijar los principios y bases constitucionales para las legislaciones en materia de ejecución sean congruentes y uniformes”.
“Esta ley de lo que trata es de impulsar la protección de los derechos humanos en la fase ejecutiva, es decir, dentro del procedimiento penal en la fase de la ejecución de la sanción penal”, aludió.