Con el pretexto del proceso electoral del 2012, el Instituto Federal Electoral, quiere “echarse a la bolsa” 10 mil millones de pesos, tres mil 498 millones más que lo que obtuvo en 2010, solicitud que resulta preocupante ante las denuncias de corrupción e ignorancia que pesan sobre sus autoridades.
Resulta exorbitante esta pretensión, en los momentos en que el país podría enfrentar una crisis financiera derivada de las condiciones económicas mundiales y porque va en contra de la Reforma Electoral del 2007.
No conforme con la evidente descomposición en la que se encuentra el máximo órgano electoral del país, su consejero presidente solicita un presupuesto considerado como el más oneroso en la historia del país, con el cual no se garantiza una elección presidencial formal e imparcial.
Estamos conscientes de las necesidades a las que obliga el gasto de una elección como la que se llevará a cabo el próximo año, sin embargo, no son tiempos de dispendios ni de protagonismos electorales.
Coincidimos en que la ley marca los gastos de precampañas, campañas y difusión, por lo que las autoridades electorales deben reconocer la gravedad de su petición y ser más conscientes de los cuestionamientos que han recibido por los manejos financieros de la actual administración.