El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela Rodríguez, manifestó su confianza en que prosperen las iniciativas que el Ejecutivo federal remitió en materia de Reforma Financiera, porque buscan que la banca preste más y que el crédito sea más barato.
Adicionalmente, dijo, se exigirá que la banca de desarrollo se constituya como un motor para el impulso de los sectores estratégicos de la economía.
En reunión de trabajo con diputados federales, el funcionario indicó que es necesario lograr un sistema financiero que contribuya en mayor medida al fortalecimiento de la economía, impulse a los sectores productivos, facilite el patrimonio de las familias y permita más oportunidades de inversión e inclusión financiera.
“Tenemos la oportunidad de hacer un ejercicio conjunto que aportn opiniones de expertos, asociaciones, académicos, centros de investigación, empresarios del ramo y autoridades del sistema financiero, con el propósito de enriquecer la iniciativa presidencial para construir un sector sólido que sea motor de desarrollo, expuso el subsecretario de Hacienda.
Por el Banco de México, su director general Jurídico, Luis Urrutia Corral, señaló que estas iniciativas actualizan el marco legal, no sólo para incentivar el otorgamiento del crédito, sino para sentar las bases sólidas en las que debe desarrollarse el sistema financiero.
“Vemos con beneplácito el paquete de reformas que facilitan los procesos de otorgamiento y recuperación de crédito; que adopta estándares internacionales en la materia, y refuerza la regulación y supervisión de liquidez de los bancos”, afirmó.
Subrayó que en la medida que el sistema financiero esté a la par de esos estándares, se dará más confianza y se sentarán las bases para que las instituciones atiendan el reclamo social de incentivar el crédito. “La iniciativa posee los aspectos que el sistema financiero debe tener bajo un esquema de claridad y certeza legal”, apuntó.
A su vez, el presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM), Alberto Gómez Alcala, indicó que en México existe una baja penetración del crédito, del 26 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), pero “actualmente está creciendo, es de buena calidad, con cartera vencida baja, por lo que es sostenible y estable”.
Se necesita, resaltó, canalizar mayor crédito, más barato pero con estabilidad, y que no sacrifique la solidez de los bancos. Además, otorgar un balance entre la promoción crediticia, y además, la protección a los usuarios; cuidar el ámbito de competencia y garantizar la certidumbre que requiere la inversión y crecimiento del sector.
Consideró que preservar el mercado profundo y amplio de valores gubernamentales, es fundamental para el manejo de la deuda pública, la instrumentación de la política monetaria y el manejo de liquidez de la banca mexicana que permitirá otorgar créditos hipotecarios a tasas fijas por plazos largos de hasta 20 años.
El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek, manifestó que la reforma es amplia, pues crea juzgados mercantiles especializados e incluye un sistema de concurso bancario cuando se habla de capital negativo, es decir, cuando pasa de cero a menos uno o dos.
También contempla un esquema de medidas prudenciales que le permite a la autoridad proteger el capital de una entidad financiera establecida en México cuando la matriz en el exterior tenga problemas financieros; “por primera vez en la legislación mexicana se agrega al marco jurídico normativo”, detalló.
Puntualizó que con la iniciativa se homologa el régimen para que el sistema de inversión extranjera sea similar en un banco extranjero y en una filial. Hoy en día, explicó, la inversión en un banco extranjero es al cien por ciento, pero cuando no se trata de banco filial la inversión es limitada y minoritaria, lo que obstaculiza cualquier inversión. “No se están abriendo seguros o fianzas al capital extranjero, sino homologando”, especificó.
Mario Luna Estrada, secretario adjunto Jurídico del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), sostuvo que la iniciativa otorga a este organismo mayor flexibilidad, como la ampliación de la duración de un banco puente que va de seis a un año; elimina la solicitud del pago de obligaciones garantizada, lo que permitirá que de inmediato los ahorradores puedan recuperar sus depósitos.
Se prevé la compensación de los pasivos garantizados, lo que va implicar un menor costo fiscal. La iniciativa, además, otorga al IPAB importantes atribuciones, entre ellas, planes de resolución, visitas directas a los bancos, sanciones en materia de clasificación de información e intercambio de información con autoridades extranjeras.
Resaltó que el proyecto de Reforma Financiera robustece el régimen de resoluciones bancarias y permite que el IPAB pueda actuar con oportunidad y mayor eficiencia, en caso de que un banco presente problemas financieros.
De la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Luis Hernando Cervera Mondragón señaló que la reforma otorga mayor flexibilidad en incentivos para que el sector privado y la banca de desarrollo sean capaces de proveer mayor cantidad de crédito en condiciones más favorables.
Argumentó que un esquema de flexibilidad e incentivos en el otorgamiento de créditos permitirá favorecer la integración, a través del desarrollo de cadenas productivas y redes empresariales, por lo que el sector corporativo, en particular micro, pequeña y mediana empresas, podrá alcanzar niveles de competitividad.
En el sector industrial de la Concamin, refirió, se tienen afiliadas más de un millón de empresas, de las cuales el 70 por ciento son micros, pequeñas y medianas. “Debemos trabajar en conjunto, para que las empresas afiliadas le apuesten a la legalidad y garantizar que la industria nacional sea más competitiva”.
Por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Miguel Eduardo Ladrón de Guevara Martínez manifestó que en la discusión e implementación de la reforma debe cuidarse a los activos en los concursos mercantiles, así como especializar a los jueces para que le den mayor celeridad y certeza tanto al acreedor como deudor.
Señaló que en materia mercantil no sólo se necesita certeza jurídica sino celeridad en los procedimientos, así como disminuir las cargas de los tribunales federales y los del fuero común, pues “cuando se enfrentan a la quiebra de una institución de crédito desconocen las reglas más elementales del proceso”.
La investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM), Gabriela Ríos Granados, sostuvo que la informalidad es un tema relevante, que ligada a la pobreza impide a 52 millones de mexicanos acceder a servicios públicos y a la banca, pero “al otorgarles créditos baratos y flexibles, éstas personas podrán moverse del sector informal al formal”.
Con la iniciativa, afirmó, se protege a la banca y a los usuarios, logrando equidad; se dan mayores obligaciones de transparencia a los bancos. “La reforma es integral, otorga mayor competencia crediticia a través de la transparencia y acceso al Buró de Crédito, así como celeridad en los juicios mercantiles con juzgados federales especializados”, abundó.
En tanto, el académico Alfonso Ramírez Cuellar consideró que con esta reforma se plantean certezas excesivas para el acreedor, por lo que se requiere de un marco legal que dé más crédito y más barato, toda vez que “los banqueros han afirmado que ellos llevan su ritmo y que el crédito crecerá si hay crecimiento de la economía”.
La propuesta, resaltó, ya no considera como cláusula abusiva lo relacionado con las tasas de interés y altas comisiones, ni tampoco las contraprestaciones establecidas en el contrato de crédito, es decir, “la Condusef nunca va a decir que una tasa es abusiva, ni una comisión es arbitraria ni una contraprestación es motivo de sanción o requerimiento para ser suspendida”.
A su vez, el abogado Gabriel Reyes Orona mencionó que México, por su ineficiencia, es la economía con el sistema bancario con amplio margen financiero. “Los costos en la banca son completamente insostenibles; no hay transparencia en el manejo financiero de los bancos, y la intermediación bancaria es costosa”.
Relató que en la iniciativa existen errores, como el relativo a las empresas de servicios complementarios. “La propuesta no va a mejorar ni la calidad ni cantidad de crédito, pero va a optimizar la capacidad para operar una gran cantidad de mecanismos e instrumentos para que el dinero entre y salga de la banca de manera volátil”.