*Realidad educativa en México
En México la educación media superior enfrenta retos extraordinarios, porque es en este nivel que mayor índice de reprobación y deserción registra, pues 40 por ciento de los jóvenes que lo cursan no lo terminan.
Así lo evidenció el diputado federal Justino Arriaga Rojas, al señalar que la educación es una herramienta indispensable para construir una sociedad más justa y exitosa.
Dijo que por ello, y con el propósito de combatir la desigualdad social y mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, la Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 3 y 31 de la Carta Magna, para elevar a rango constitucional la obligatoriedad de la educación media superior,
En este sentido, el diputado Felipe Solís Acero explicó que con las modificaciones se pretende fortalecer la cultura educativa y el desarrollo de la población, “con lo que se enfrentará el rezago educativo y la deserción de los jóvenes en ese nivel educativo”.
El legislador enfatizó que las reformas también buscan que los procesos para impartir educación media superior se realicen en condiciones de equidad, pertinencia y calidad.
“En las consideraciones de esta cámara estuvieron las proyecciones económicas y las implicaciones presupuestales. Se concluyó que la medida es viable si se realiza de manera gradual y a mediano plazo; es decir, estableciendo como meta alcanzar la cobertura universal en el año 2021”, precisó.
Solís Acero detalló que con la reforma se contribuirá al desarrollo personal y colectivo, social y económico en el respeto de la diversidad cultural, “propia de las sociedades plurales y en camino de la plena democracia”.
La diputada Beatriz señaló que un valor fundamental de la reforma es que repercute directamente en atender a uno de los segmentos de población “más sensible de la sociedad: la juventud”.
Enfatizó que actualmente una tercera parte de los seis millones 710 mil jóvenes, de entre 15 y 17 años de edad, están excluidos de la educación media superior, “lo que significa que alrededor de dos millones 200 mil mexicanos en edad para cursar el bachillerato está fuera de la escuela”.
México, continuó, es un país de jóvenes; son alrededor de 20 millones de ciudadanos los que requieren que el Estado encuentre respuestas consistentes para atender sus expectativas educativas; allí radica el mayor mérito de esta reforma, en resolver de fondo una problemática que afecta al porvenir de nuestro país.
La diputada Araceli Vázquez Camacho consideró que con esta reforma se contribuye a regresar al Estado la responsabilidad de la educación media superior; “estamos resarciendo parcialmente el daño ocasionado durante 20 años, sabemos que no basta, pero es un buen comienzo”.
Manifestó que cuando los legisladores “nos sentemos a dialogar para diseñar juntos el país que queremos y podemos construir, bajo un nuevo paradigma económico con tanto Estado como sea necesario y tanto mercado como sea posible, se desprenderá más fácilmente la reforma política, la laboral, la de seguridad, la educativa, que necesita México”.
El diputado Jaime Cárdenas Gracia dijo que “no obstante, estimamos que este derecho debería corresponder a todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta el universitario, como ocurre en los Estados que son auténticamente democráticos”.
Subrayó que se trata de una importante reforma, “con ella se pretende lograr la igualdad social. La siguiente reforma debe implicar la obligatoriedad de los estudios universitarios y de posgrado. Requerimos construir un Estado democrático de derecho”.
La diputada Teresa Rosaura Ochoa Mejía dijo que de acuerdo con un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), para el rubro de educación media superior se prevé un incremento de recursos del 7 .7 por ciento para el 2012 comparado con lo etiquetado para el 2011.
“Esperamos que esta tendencia se mantenga en años y con ello se respalden las reformas que hoy presentamos, para que se vea traducida en una política pública que beneficie a millones de jóvenes mexicanos y se traduzca en el establecimiento de condiciones que posibiliten un mayor desarrollo económico y social para el país”, sentenció.
Esta reforma constitucional tendrá que será analizada y aprobada por los congresos de los 31 estados de la República, para que tenga que entre en vigor en todo el país.