La senadora Martha Elena García y asambleístas del PAN Laura Ballesteros, Orlando Anaya y Olivia Garza solicitaron a la CNDH investigar los casos de funcionarios y ex funcionarios públicos que no cumplen con pensiones alimenticias, porque el caso del ex ministro Genaro Góngora se ha replicado en todo el país.
Además, indicaron que esto se ve reflejado en datos que proporciona el INEGI, organismo que señala que alrededor del 67.3 por ciento de las madres solteras a nivel nacional no reciben pensión alimenticia para sus menores hijos, a pesar de que ésta, en algunos casos sea determinada por una autoridad judicial.
Al respecto, la senadora Martha Elena García apuntó que casos de abusos de autoridad y tráfico de influencias se replican en todo México.
“Se han acercado a mí mujeres madres nayaritas desesperadas porque les han quitado a sus hijos o los padres no les proporcionan alimentos, consecuencia de que sus parejas fueron o son funcionarios y han influido para que los procesos resulten a su favor, afectando finalmente los derechos de las niñas y los niños”, reveló la legisladora.
Añadió que es importante que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conozca e investigue sobre estos casos, con el propósito de que se garantice el principio del interés superior de la niñez consagrado en la Constitución y en Instrumentos Internacionales.
“No podemos permitir que estos hechos prevalezcan sobre los derechos de la niñez mexicana”, expuso.
Por ello acudieron a la CNDH a presentar la queja correspondiente y solicitar que se emitan las recomendaciones que se estimen necesarias a los Tribunales Superiores de Justicia de los 31 Estados y del Distrito Federal, así como a los gobernadores de todas las entidades federativas.
Esto para la salvaguarda de los derechos humanos de la infancia y adolescencia y del interés superior de la niñez, en virtud del caso del ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Genaro Góngora Pimentel, que ha sido señalado por haber usado presuntamente su cargo público para influir, de manera negativa, en la tramitación de diversos procesos y procedimientos, entre ellos, la supuesta disminución de la pensión alimenticia de sus hijos, los cuales son menores de edad y han sido diagnosticados con autismo.