La Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA), informó que negocian con las autoridades ambientales del Distrito Federal para que se exente a los vehículos blindados del programa no circula, ya que expuso que quien los tiene es por necesidad y que por ley se registran todos los datos tanto de los dueños como de los vehículos.

En conferencia de prensa, donde se llevó a cabo el relevo al frente de la agrupación, por parte de José Eduardo Llanos Valderrama, como presidente, enfatizó que en los 13 años que tiene de existencia la AMBA se triplicó la producción y venta de vehículos blindados en México, ya que a principios de siglo comenzaron con mil unidades al año y durante el anterior sexenio se triplicó al llegar a 3 mil anuales.

Llanos Valderrama, quien asumió la presidencia de la AMBA para el periodo 2013-2014, dijo que son los gobiernos federal y estatales los que concentran el 30 por ciento de sus ventas y el resto se distribuye en el sector privado.

Luego, en entrevista, comentó que debido al clima de violencia que se vive en nuestro país, en los últimos 4 años se ha registrado un alza en la cantidad de dueños de pequeñas y medianas empresas que blindan sus automóviles

Indicó que anteriormente se pensó que sólo quienes necesitaban un vehículo blindado eran familias adineradas, aclaró que hoy la realidad es que son familias, corporativos, profesionales independientes y, como un nuevo sector, el pequeño comerciante, que tiene su negocio establecido en un sector complejo, quienes lo requieren.

En tanto, Fernando Echeverry Posadas, presidente saliente de AMBA, dijo que la guerra contra el crimen organizado y el uso de armas de alto poder, elevaron en un 20 por ciento el número de vehículos blindados en México.

En entrevista –por separado-, precisó que desde que se desató esta ola de violencia en el país, han habido cambios importantes, pues tienen un incremento bastante significativo.

Aseguró que en estados fronterizos, como Nuevo León, se ha incrementado la solicitud de blindajes que van desde el cuarto nivel; mientras que en el Distrito Federal y el área metropolitana piden protección contra armas cortas. Inclusive, señaló que hoy en día el Gobierno no sólo se venden a Presidencia o, gobernadores, sino con el riesgo que corren todos, pues se ha masificado, y ya en todas las entidades a los tres niveles de gobierno se están usando vehículos blindados.

Sin embargo, alertó que recurrir a una empresa blindadora no certificada puede poner en riesgo la vida de los tripulantes de un vehículo, porque los materiales y el trabajo son de poca calidad y sin garantía.

Explicó que actualmente existen 60 empresas registradas oficialmente ante la SSP federal y que las siete afiliadas a la AMBA ocupan el 60 por ciento del mercado.

Echeverry Posadas explicó que en una compañía lícita, de acuerdo con la Ley General de Seguridad Privada, los clientes llenan un formato con datos personales y al finalizar el trabajo les entregan un holograma y una constancia de autentificación, cuya copia es remitida a las autoridades.

El ejecutivo empresarial afirmó que en 2012 tuvieron unos 40 atentados. “Antes eran de uno, dos o tres balazos de arma corta; actualmente, la mitad de los vehículos tenían entre 100 o 200 tiros de armas largas. Afortunadamente todos (los tripulantes) se salvaron", indicó.