Alejandro Martí, fundador de México SOS, advirtió a los senadores que el Código Federal de Procedimientos Penales vigente “es un obstáculo para impartir justicia a la ciudadanía y de todos es sabido que el sistema judicial mexicano está rebasado o por lo menos ya no sirve”.
Dijo que para operar la reforma constitucional es indispensable un nuevo ordenamiento y el proyecto que trabajó la Cámara de Diputados en la legislatura pasada puede ser aprobado con correcciones mínimas.
Martí propuso que senadores y diputados trabajen en conferencia, a fin de facilitar la aprobación de un Código único, pues no se pueden medir los niveles de impunidad o la incidencia delictiva sin los mismos códigos en todos los estados.
En su turno, Ernesto Canales Santos, presidente de Renace, aseguró que la emisión del nuevo Código es un mandato constitucional, además existe un gran consenso ciudadano sobre el tema, porque se trata de un sistema más transparente, basado en una policía profesional.
Afirmó que con dicha norma se garantizarían los derechos de víctimas y acusados y se terminaría con la prevalencia del Ministerio Público - que “ha sido una fuente de influencias y corrupción”-- en el desarrollo del proceso.