Impartir justicia en materia política, a través de la norma electoral, hace necesario un instrumento que regule la conducta de quienes la imparten para que, con valores definidos, ésta no sea interpretada al saber o entender de cada persona; es por ello que el Código Modelo de Ética Judicial Electoral dará mayor certeza a la labor de los jueces, aseguró Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Entrevistado en el programa de radio por Internet EscúchaTE, producido por el TEPJF, González Oropeza dijo que los jueces no aplican el Derecho como si fueran “recetas que están previstas en la ley”, sino que tienen márgenes de interpretación en los cuales se deben conducir con principios, porque de lo contrario esa discrecionalidad destruiría el Estado de derecho. Aclaró que los jueces electorales se conducen con respeto a esos principios, lo que no impide que éstos queden plasmados en un documento especial.
“En otras palabras, la ley determina reglas, pero esas reglas tienen que ser interpretadas de acuerdo con ciertos principios; entonces, un Código de Ética es el que va a definir en qué consistirán esos principios que deberán normar nuestra capacidad para interpretar la ley y aplicarla en consecuencia”, señaló el Magistrado al referirse a la creación del citado documento, de carácter nacional, el cual fue propuesto por el Tribunal Electoral.
Informó que, también a iniciativa del TEPJF, se integró una comisión redactora de dicho Código en la que participan el magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos, el magistrado Pedro Estaban Penagos López, así como el ministro en retiro Mariano Azuela Güitrón, además de destacados especialistas y magistrados de otros tribunales del país.
González Oropeza, quien también es miembro de la comisión redactora, dijo que con la creación del Código Modelo de Ética Judicial Electoral se establecerán a nivel nacional los lineamientos generales que, de manera consensada con los tribunales electorales del país, se establecerán como fundamento básico o normas de contenido general que pueden ser aplicadas en todo el país.
“Nuestro sistema nos exige respetar las peculiaridades de cada entidad federativa, y por eso cada una tiene su normativa, sus tribunales y sus autoridades. De tal suerte que eso no nos impide elaborar lineamientos generales aplicables o válidos para todos los estados, más allá de sus especificidades”, precisó.
El magistrado González Oropeza consideró que luego de 25 años de experiencias y esfuerzos en materia de justicia electoral, se puede afirmar que México cuenta con una judicatura sólida y confiable. Prueba de ello es la creciente confianza de la ciudadanía reflejada en el incremento de asuntos llevados ante las instancias jurisdiccionales para dirimir conflictos de carácter político-electoral.
“El monto de asuntos que llegan a cada uno de los tribunales electorales implica que hay más confianza de la sociedad en ellos, tribunales que tienen escasos 25 años de fundados”, destacó.
La excelencia en la actuación de las autoridades judiciales electorales de nuestro país, agregó, también es reconocida a nivel internacional, pues el actuar de los juzgadores en México ha sido constatado por observadores internacionales que acreditan que esta labor se ha desarrollado con profesionalismo.
“Por ello no nos sentamos en nuestros laureles, sino que es un principio ético que, precisamente, la excelencia deba normar nuestro criterio; debemos seguir perfeccionando y revisando los errores que podamos tener”, concluyó.